Mario Argollo, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), rechazó una eventual ampliación del estado de excepción y pidió al Gobierno asumir responsabilidades frente a la crisis económica y social.
El dirigente reapareció públicamente tras los bloqueos registrados hasta junio y reclamó al Ejecutivo concentrarse en resolver los problemas económicos, energéticos, políticos y sociales, en lugar de recurrir a nuevas medidas de excepción.
Argollo consideró que ampliar el estado de excepción sería un error para el Legislativo y cuestionó que el Gobierno pueda administrar el país mediante este tipo de medidas. “Eso no es democrático”, afirmó.
El estado de excepción vigente se extenderá hasta mediados de septiembre, mientras existe la posibilidad de una ampliación con autorización de la Asamblea Legislativa.
COB evaluará compromisos
El ejecutivo de la COB explicó que se mantuvo alejado de los medios para no afectar la defensa legal de las personas detenidas durante los bloqueos. También negó que la organización sindical haya sido “vendida”.
Sobre la situación económica, expresó preocupación por los efectos del Decreto 5676 y el ajuste del precio del diésel sobre la elaboración de la canasta familiar. También cuestionó las filas para conseguir combustible y el impacto del precio del carburante en distintos sectores.
Argollo vinculó estas dificultades con el descontento existente entre diferentes sectores y pidió al Ejecutivo revisar internamente sus decisiones. “Es momento de que el Gobierno haga una mea culpa”, sostuvo.
Respecto a los acuerdos entre la COB y el Gobierno, afirmó que las mesas de trabajo avanzan de manera insatisfactoria y cuestionó la ausencia de ministros y otras autoridades.
La COB realizará el martes una evaluación sobre el cumplimiento de los ocho compromisos acordados el 19 de mayo. Además, prevé convocar una ampliada nacional el próximo mes para revisar los tres meses de vigencia del estado de excepción y los acuerdos alcanzados.
Diálogo y acción orgánica
Argollo aclaró que la posición de la COB no constituye un llamado a la sedición ni busca derrocar al Gobierno. La organización, dijo, mantiene como prioridad el diálogo y la acción orgánica.
También anticipó una evaluación conjunta con el sector campesino y otros grupos sociales que participaron en las anteriores movilizaciones. Advirtió que el descontento podría aumentar si las autoridades no ofrecen respuestas a los problemas económicos.




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