
El Gobierno anunció ajustes al Decreto Supremo 5676, que fija en Bs 18 por litro el diésel para grandes consumidores, mientras productores bloquean rutas y otros sectores exigen abrogar la norma.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, planteó modificar el decreto para reducir sus riesgos y pidió mantener un diálogo respetuoso con los sectores afectados.
“Se tienen que realizar ajustes para minimizar los riesgos”, dijo Morales en una entrevista con Unitel. La autoridad sostuvo que los cambios deben contribuir a sacar adelante la economía.
La tensión aumentó este miércoles con un bloqueo instalado durante la madrugada en el Puente San Pablo, sobre la carretera entre Beni y Santa Cruz.
Productores agropecuarios de la provincia Marbán iniciaron la medida para exigir la abrogación. Luego se sumaron sectores sociales de San Andrés, tras un cabildo que decidió respaldar la protesta.
Medidas de presión
El bloqueo obligó a suspender las salidas de buses hacia Beni desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz. Operadores señalaron que Tránsito recomendó no vender pasajes mientras continúe la interrupción.
Los sectores movilizados de Yapacaní suspendieron temporalmente el martes sus protestas y dieron al Gobierno 48 horas para abrogar el decreto. La pausa surgió después de una reunión con representantes del Ejecutivo.
Los dirigentes condicionaron la suspensión a una respuesta favorable y pidieron trasladar su demanda al presidente Rodrigo Paz para su consideración.
El ejecutivo de la Cámara de Transporte del Oriente, Luis Áñez, prevé reunirse este jueves con el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco. El dirigente señaló que las filas para cargar diésel siguen afectando las operaciones.
Sectores mantienen ultimátums
La Confederación de Choferes de Bolivia exigió la abrogación y advirtió con movilizaciones. La Cámara Agropecuaria del Oriente convocó un congreso nacional extraordinario para este jueves en Warnes.
Productores de San Julián y de cuatro provincias del norte de Santa Cruz otorgaron 48 horas al Gobierno. Ambos sectores advirtieron con bloqueos de carreteras si no reciben una respuesta.
Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Concabol y Anapo también rechazaron la norma y cuestionaron sus efectos sobre los productores.
Áñez pidió eliminar el decreto y buscar una solución estructural, al considerar que generó especulación y podría derivar en un mercado negro.




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