La Cancillería confirma 26 casos de bolivianos reclutados para Rusia y mantiene seguimiento consular a los ciudadanos vinculados con las Fuerzas Armadas rusas en el conflicto con Ucrania. Entre los registros figuran personas con contratos activos, heridos, un fallecido y un connacional que ya fue repatriado.
El canciller Fernando Aramayo informó que el registro oficial incluye 26 ciudadanos bolivianos bajo seguimiento. De ese total, 20 mantienen contratos activos con las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y existen 19 soldados reportados cuya ubicación permanece pendiente de confirmación.
La autoridad también reportó cuatro bolivianos heridos que reciben atención en hospitales de campaña. Uno de ellos se encuentra en proceso de desvinculación militar. Además, confirmó un ciudadano con vida y en condición estable, un fallecido y un connacional que retornó exitosamente a Bolivia.
Gestión consular por bolivianos
Aramayo señaló que la Cancillería activó actuaciones diplomáticas y consulares desde noviembre de 2025, cuando conoció los primeros casos. Entre el 6 y el 9 de junio de 2026, una misión consular se desplazó a Donetsk para verificar la situación de un ciudadano boliviano, gestionar su renuncia a las Fuerzas Armadas rusas y acompañar su atención médica.
El canciller informó además que el 17 de julio de 2026 sostuvo una reunión extraordinaria con el embajador de Rusia en Bolivia, Dimitri Berchenko. Tras ese encuentro, ambos países acordaron una hoja de ruta bilateral y un canal directo de intercambio de información para dar seguimiento prioritario a los casos.
Investigación sobre el reclutamiento
La Cancillería presentó notas verbales para solicitar información sobre la localización de los ciudadanos bolivianos, facilitar asistencia y gestionar, cuando corresponda, su desvinculación militar.
Aramayo manifestó que algunos reportes iniciales fueron remitidos en abril de 2025 y sostuvo que la administración anterior de la Cancillería no habría adoptado acciones en ese momento. Añadió que los posibles delitos vinculados al reclutamiento o la intermediación deben ser investigados por las autoridades judiciales competentes y recordó que corresponde a las familias impulsar las denuncias ante la Fiscalía.
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