La Fiscalía imputó formalmente al dirigente campesino Vicente Salazar por cinco delitos vinculados a los bloqueos en La Paz y solicitó seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro. El Ministerio Público considera que existen elementos para sostener su probable participación en los hechos investigados.
La imputación atribuye a Salazar los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos. El requerimiento fue presentado por la Fiscalía Departamental de La Paz.
El Ministerio Público pidió que la medida cautelar se cumpla en el penal de San Pedro por un plazo de seis meses. En la resolución argumenta que la detención preventiva resulta necesaria para garantizar la presencia del investigado durante la etapa preparatoria.
Fiscalía sustenta el pedido de detención preventiva
La imputación sostiene que existen indicios que vinculan a Salazar con los delitos investigados. Además, señala que el domicilio presentado por el dirigente no sería preciso y menciona viajes a Perú como parte de los elementos considerados para advertir riesgos de obstaculización.
Antes de conocerse la imputación, el abogado defensor René Salazar informó que presentó una acción de libertad en favor de su cliente. La defensa sostiene que la aprehensión fue ilegal porque, a su criterio, no se cumplieron las formalidades de notificación previstas por la ley.
Aprehensión e investigación por los bloqueos
Salazar fue aprehendido el sábado durante un operativo ejecutado por la Policía Boliviana y la Dirección Nacional de Inteligencia en la zona Ciudad Satélite de El Alto. La intervención se realizó cuando circulaba en una camioneta Toyota Hilux blanca, de acuerdo con un informe del Ministerio de Gobierno.
La investigación se relaciona con su presunta participación en los bloqueos de carreteras que mantuvieron cercadas a La Paz, El Alto y otras ciudades intermedias del departamento. La medida provocó desabastecimiento de productos básicos y oxígeno medicinal, además de una crisis sanitaria y humanitaria por las restricciones al paso de ambulancias y personas enfermas.
Los bloqueos se prolongaron por más de 50 días tras el paro indefinido y bloqueo general de caminos convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), que posteriormente también demandó la renuncia del presidente Rodrigo Paz.




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