La Cámara de Senadores aprobó en grande el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, una iniciativa destinada a garantizar que la ciudadanía pueda obtener datos de instituciones financiadas con recursos estatales y fortalecer los mecanismos de transparencia en la gestión pública.
La propuesta recibió respaldo del pleno luego de que una moción de aplazamiento fuera rechazada. Con esa decisión, el tratamiento de la norma avanzó a una siguiente etapa, aunque el análisis artículo por artículo quedó programado para una próxima sesión ordinaria tras el receso parlamentario.
El proyecto establece que el derecho de acceso a la información podrá ejercerse de forma individual o colectiva. También amplía su alcance a entidades públicas, empresas estatales, universidades públicas y otras instancias con participación del Estado.
Transparencia y acceso a la información pública
Durante el debate, el senador José Roca defendió la necesidad de contar con una legislación específica que permita a los ciudadanos acceder a información pública sin obstáculos innecesarios. A su juicio, la norma contribuirá a una mayor apertura de las instituciones estatales respecto al manejo de recursos y la administración pública.
El legislador señaló además que existen numerosos recursos constitucionales relacionados con solicitudes de información dirigidas al Estado. En ese contexto, observó que Bolivia aún no dispone de una ley de estas características.
Cambios incorporados por la comisión
El informe de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral recomendó la aprobación del proyecto e incluyó medidas orientadas a reforzar su aplicación.
Entre las incorporaciones figura la creación de un órgano garante externo, autónomo e independiente, con personalidad jurídica, presupuesto propio y facultad sancionatoria. Asimismo, se plantea que el Órgano Ejecutivo implemente un sistema estandarizado de gestión y archivo documental en las entidades públicas.
La iniciativa también incorpora principios vinculados al acceso a la información pública, entre ellos accesibilidad, gratuidad, transparencia, presunción de publicidad, no discriminación, responsabilidad y facilitación para el acceso de los ciudadanos a los datos generados por el Estado.
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