El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, afirmó este domingo que los sucesos registrados en San Julián constituyen un alzamiento armado y no una protesta social. La declaración surge tras la difusión de imágenes que muestran a personas utilizando armas de fuego durante un operativo estatal.
De acuerdo con las declaraciones de Bascopé, el Gobierno desplegó un operativo para habilitar un corredor humanitario destinado al traslado de alimentos, oxígeno, ambulancias y combustibles. Sin embargo, aseguró que las fuerzas del orden encontraron una resistencia armada que no estaba prevista.
Según informó la autoridad, las imágenes difundidas por medios de comunicación muestran a presuntos francotiradores realizando disparos. En ese contexto, sostuvo que esos hechos encuadran en delitos contemplados por el Código Penal relacionados con el alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado.
El ministro indicó que la Constitución y las leyes establecen que únicamente las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana pueden portar armas. Asimismo, cuestionó la posible existencia de financiamiento detrás de los grupos armados observados en los registros audiovisuales.
Policía herida y defensa del orden constitucional
Bascopé señaló que la situación registrada en San Julián difiere de otros conflictos donde existen espacios de diálogo con organizaciones sociales. A su juicio, los grupos armados estarían atentando contra la unidad nacional y el orden constitucional.
Según reportó la Policía Boliviana, entre cinco y seis efectivos resultaron heridos durante los hechos. La autoridad calificó el episodio como incomprensible y remarcó que el Estado debe actuar dentro del marco constitucional para proteger la soberanía y la integridad territorial.
De acuerdo con sus declaraciones, ni la Policía Boliviana ni las Fuerzas Armadas portaban armas de fuego durante el operativo. Por ello, consideró que existió una actuación desproporcionada y una aparente emboscada contra las fuerzas del orden.
El ministro también rechazó cualquier intento de justificar el uso de armas contra efectivos policiales. Según afirmó, corresponde a la justicia boliviana investigar los hechos y determinar responsabilidades.
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