El Gobierno nacional no descartó aplicar un estado de sitio frente a las movilizaciones y enfrentamientos registrados en La Paz y El Alto, aunque aclaró que cualquier decisión dependerá de una evaluación previa sobre sus consecuencias políticas, sociales y constitucionales.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que esta medida forma parte de las atribuciones del Ejecutivo, pero remarcó que su implementación debe responder a criterios de prudencia para evitar una escalada del conflicto y mayores riesgos para la población.
Durante declaraciones públicas, Gálvez explicó que el Ejecutivo considera todas las herramientas legales disponibles para enfrentar la crisis, incluido un eventual estado de excepción. Sin embargo, precisó que la medida “no está descartada”, aunque su aplicación no será inmediata ni automática.
Según el vocero, el Gobierno debe garantizar que cualquier determinación contribuya a resolver el conflicto y no a profundizarlo. En ese marco, señaló que se evalúan factores como el impacto social, la normativa vigente y la necesidad de preservar los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Ejecutivo prioriza seguridad y abastecimiento
De acuerdo con Gálvez, uno de los principales objetivos del Gobierno es mantener el equilibrio entre el cumplimiento de la ley y la protección de la vida. Indicó que las autoridades trabajan para asegurar el abastecimiento de alimentos, oxígeno y medicamentos en las zonas afectadas por las movilizaciones.
Además, sostuvo que se busca evitar confrontaciones innecesarias que puedan derivar en más víctimas. “Hay que ser prudentes para que una medida así sea una solución y no se convierta en un problema”, afirmó el vocero presidencial.
El portavoz también aseguró que algunos sectores movilizados buscan provocar hechos violentos y generar muertes, por lo que insistió en que cualquier respuesta estatal debe ser cuidadosamente diseñada para no agravar la situación.
Según explicó, la estrategia oficial combina acciones legales contra quienes cometan delitos con espacios de diálogo y concertación política. El objetivo, afirmó, es resolver los conflictos dentro del marco democrático y garantizar que los responsables de actos ilícitos respondan ante la justicia.
Estado de sitio dependerá de condiciones políticas y legales
Gálvez recordó que un eventual estado de sitio requiere no solo una evaluación interna del Ejecutivo, sino también coordinación con la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), órgano encargado de fiscalizar y acompañar decisiones de alto impacto institucional.
El vocero concluyó que, aunque la figura constitucional está disponible, su activación dependerá de que existan condiciones que aseguren una solución efectiva y minimicen cualquier afectación a la ciudadanía.



Sé el primero en dejar un comentario