El diputado Manolo Rojas, de la bancada del PDC, presentó este jueves una denuncia penal contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, a quien acusa de presunto “fraude” en la obtención de una pensión de invalidez. El legislador sostiene que el dirigente habría accedido de forma irregular a un beneficio económico tras un trámite que califica como inusualmente rápido.
La denuncia se centra en un supuesto cobro de más de 141 mil bolivianos realizado en 2021, producto de una pensión por invalidez. Rojas pidió la intervención del Ministerio Público para investigar el procedimiento, que —según su versión— habría durado solo cinco días, muy por debajo de los tiempos habituales.
Denuncia penal contra ejecutivo de la COB
El diputado Manolo Rojas formalizó la acción legal este jueves ante el Ministerio Público, apuntando directamente contra el máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. La acusación se basa en la supuesta obtención irregular de una pensión de invalidez.
De acuerdo con el legislador, el caso debería ser investigado por la Fiscalía debido a indicios de uso de influencias. Rojas sostiene que el trámite no siguió los tiempos ni procedimientos habituales del sistema.
El parlamentario afirmó que la denuncia busca esclarecer si existió o no un delito vinculado a la obtención del beneficio económico. También pidió transparencia en la revisión del expediente administrativo del caso.
Acusaciones de fraude en pensión de invalidez
Rojas acusó a Mario Argollo de haber incurrido en “fraude” al supuestamente simular una condición médica para acceder a la pensión. Según su declaración, el dirigente habría recibido un cheque por más de 141 mil bolivianos en 2021.
El legislador cuestionó la rapidez del proceso, asegurando que el trámite se habría completado en apenas cinco días. En contraste, señaló que otros trabajadores tardan meses o incluso años en obtener una calificación similar.
“Hay obreros de primera y de segunda”, afirmó Rojas, al criticar lo que considera un trato desigual dentro del sistema de evaluación de invalidez.
Pedido de pericia médica y revisión del caso
El diputado solicitó que el Ministerio Público disponga una pericia médica para verificar el estado de salud del dirigente sindical. Según su postura, la evaluación debe determinar si existe o no daño pulmonar real.
Rojas sostuvo que “hacerse al enfermo para recibir dinero” constituye un delito que debe ser investigado. Además, pidió revisar la documentación médica presentada en el trámite.
También cuestionó que el proceso habría sido gestionado mediante una apoderada, lo que, a su criterio, refuerza la necesidad de una investigación detallada.
Evidencias presentadas y exigencias de investigación
Como parte de las pruebas, el diputado afirmó que presentó el cobro del cheque y una valoración médica del gabinete correspondiente. Estos documentos, según dijo, respaldarían la denuncia formalizada.
Rojas insistió en que los responsables médicos deberán comparecer para explicar las evaluaciones realizadas. Exigió que se presenten tomografías y radiografías que sustenten el diagnóstico.
El caso ahora queda en manos del Ministerio Público, que deberá decidir si abre una investigación formal sobre las acusaciones contra el dirigente de la COB.
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