
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el Órgano Ejecutivo no tiene atribuciones legales para abrogar la Ley 1720, en medio de la presión ejercida por una marcha indígena y campesina de Pando que llegó a La Paz para exigir la anulación de la norma.
La declaración se produce mientras un numeroso grupo de movilizados de Beni y Pando mantiene su protesta en la sede de Gobierno y exige una reunión directa con el presidente Rodrigo Paz. El conflicto se centra en el alcance de la ley que permite la conversión de la pequeña propiedad agraria a mediana.
Ejecutivo delimita responsabilidades sobre la Ley 1720
Lupo explicó que la abrogación de una norma no puede ser decidida por el Gobierno, ya que corresponde a la Asamblea Legislativa. Según su posición, la Ley 1720 fue impulsada como iniciativa legislativa y no como propuesta del Órgano Ejecutivo.
El ministro sostuvo que el marco legal vigente impide al Ejecutivo asumir la demanda de los movilizados como una acción administrativa directa. En ese sentido, remarcó la separación de competencias entre órganos del Estado.
Debate sobre la tierra como trasfondo del conflicto
Aunque descartó la posibilidad de abrogar la ley desde el Ejecutivo, Lupo reconoció que el conflicto evidencia un problema estructural relacionado con la tierra en Bolivia.
Planteó que este tema debería abrir un debate más amplio entre distintos sectores del país, debido a su impacto en regiones como Beni y Pando, donde se concentra parte de la movilización.
Intentos de diálogo durante la marcha
En el avance de la movilización hacia La Paz, representantes del Gobierno intentaron en varias oportunidades establecer acercamientos con los dirigentes. Sin embargo, estas gestiones no lograron un acuerdo con la totalidad de los sectores movilizados.
En Caranavi, el viceministerio de Régimen Interior alcanzó un acuerdo con una facción de la marcha proveniente de Pando, que decidió retornar a sus comunidades tras la negociación.
Decreto 5613 como medida complementaria
En paralelo al conflicto, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 5613, que reafirma el derecho sobre la pequeña propiedad agraria y establece medidas para agilizar la dotación de tierras en Beni y Pando.
Pese a ello, los marchistas que permanecen en La Paz consideran que esta disposición no responde al fondo de sus demandas y mantienen su exigencia de abrogación total.
Movilización se mantiene en La Paz
Los dirigentes de la protesta anunciaron que permanecerán en la sede de Gobierno hasta obtener una respuesta directa del presidente Rodrigo Paz. Actualmente se encuentran instalados en ambientes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Además, prevén mantener protestas diarias mientras no exista un diálogo que, según sus palabras, aborde de forma directa la abrogación de la Ley 1720.




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