El vocero presidencial, José Luis Gálvez, calificó como “conspirativas” las demandas de la Central Obrera Boliviana (COB) y cuestionó la falta de diálogo. El funcionario sostuvo que el pliego incluye 211 solicitudes, muchas heredadas de gestiones anteriores, y denunció que sectores movilizados buscan desestabilizar al Gobierno.
En entrevista con radio El Deber, Gálvez afirmó que la COB evita sentarse a negociar y opta por medidas de presión como paros y bloqueos. Según el vocero, estas acciones, junto a pedidos de renuncia del presidente, configuran un escenario con motivaciones políticas.
Gobierno cuestiona rechazo al diálogo de la COB
Gálvez detalló que de las 211 demandas presentadas por la Central Obrera Boliviana (COB), al menos 180 ya habían sido planteadas a anteriores gobiernos sin solución. “Resolvamos ahora, conversemos”, dijo, al insistir en la necesidad de instalar mesas de diálogo.
Sin embargo, el vocero criticó que la dirigencia sindical no acepte negociar. Según su versión, la insistencia en medidas de presión afecta a la población al impedir el normal desarrollo de actividades laborales.
El funcionario sostuvo que los bloqueos y paros buscan obligar a la ciudadanía a detener sus actividades. Afirmó que estas acciones, sumadas a discursos que exigen la renuncia presidencial, refuerzan la hipótesis de una agenda “conspirativa”.
Cabildo en El Alto y acusaciones políticas
Gálvez también se refirió al cabildo realizado el viernes en El Alto. Indicó que este evento evidencia, en su criterio, la persistencia de sectores alineados con el anterior ciclo político.
“El mensaje es volver al pasado”, afirmó, al señalar que algunos participantes plantearon abiertamente el retorno del expresidente Evo Morales. Según el vocero, esto confirma que existe una intención política detrás de las movilizaciones.
El vocero aseguró que las protestas cuentan con financiamiento. Mencionó la presencia de movilidades de alto costo y recursos logísticos en las manifestaciones como indicios de respaldo económico.
Además, sostuvo que existirían intereses políticos y, “probablemente”, vínculos con carteles del narcotráfico que buscarían afectar la gestión gubernamental. Estas afirmaciones, según dijo, se basan en evaluaciones internas.
Gobierno pide respetar el orden constitucional
Gálvez afirmó que las demandas y movilizaciones responden a sectores que no lograron respaldo en las urnas en las últimas elecciones generales. En ese sentido, remarcó que el actual Gobierno cuenta con legitimidad democrática.
“Esa etapa se cerró a través del voto”, indicó, al pedir que se respete el orden constitucional y el mandato ciudadano.
El vocero vinculó las tensiones sociales con las acciones del Gobierno en materia de seguridad. Señaló que los operativos contra el narcotráfico y el crimen organizado habrían afectado a ciertos grupos.
Según su versión, estos sectores reaccionan mediante protestas y medidas de presión para debilitar la gestión. Aseguró que el Ejecutivo continuará con estas acciones para garantizar la seguridad de la población.




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