El Gobierno nacional estableció la Reserva Fiscal Minera en el área de Chuquihuta mediante el Decreto Supremo 5615. La zona se encuentra en los municipios de Uncía y Chuquihuta, en la provincia Rafael Bustillo, y en Pocoata, provincia Chayanta, dentro del departamento de Potosí.
La medida responde a un proceso técnico impulsado por el Servicio Geológico Minero (Sergeomin), que identificó el área como estratégica para trabajos de prospección y exploración. El objetivo es determinar el potencial mineralógico del territorio, con énfasis en recursos metálicos.
Decreto Supremo 5615 y alcance de la declaratoria
El Decreto Supremo 5615 formaliza la creación de la Reserva Fiscal Minera en Chuquihuta. Esta figura legal permite al Estado delimitar áreas específicas para proteger y evaluar recursos minerales.
La normativa establece que la declaratoria no afecta derechos mineros preconstituidos o adquiridos. Estos derechos continúan vigentes dentro del área definida.
Chuquihuta: zona estratégica con potencial aurífero
Chuquihuta es considerada una región con importante potencial aurífero. Según información técnica, la zona presenta diferentes tipos de concentración de oro, lo que refuerza su interés geológico.
El interés estatal se centra en confirmar y cuantificar ese potencial mediante estudios especializados. Sergeomin lidera estas tareas de evaluación.
El área fue identificada como prioritaria para estudios de prospección y exploración minera. Estos procesos permiten determinar la viabilidad de futuras actividades extractivas.
Qué implica una Reserva Fiscal Minera en Bolivia
Una Reserva Fiscal Minera es una herramienta legal mediante la cual el Estado protege zonas con recursos minerales. Su objetivo es realizar estudios técnicos antes de habilitar nuevas actividades mineras.
Este tipo de declaratoria permite ordenar el uso del territorio y priorizar la investigación geológica. También busca evitar intervenciones no planificadas en áreas con potencial minero.
Restricciones y derechos en el área declarada
El artículo 5 del Decreto Supremo 5615 establece que se respetan los derechos mineros preexistentes. Estos no serán afectados por la nueva declaratoria.
La norma también dispone que no se podrán otorgar nuevos derechos mineros en el área declarada Reserva Fiscal Minera. Esta restricción aplica bajo todas las modalidades vigentes en el país.
De esta manera, el Estado asegura el control técnico del área mientras se desarrollan los estudios correspondientes.






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