El Gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 5613 con el objetivo de regular la dotación y titulación de tierras en la región amazónica, priorizando los departamentos de Pando y Beni. La medida surge en medio de la marcha de organizaciones indígenas que avanzó hasta Caranavi, en La Paz, en demanda de acceso a tierras.
Según el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, la nueva norma atiende las principales exigencias de los movilizados y, en consecuencia, la protesta debería suspenderse. Los sectores en marcha también piden la abrogación de la Ley 1720, que permite la reconversión de la pequeña a mediana propiedad.
Decreto 5613: lineamientos para dotación de tierras en la Amazonía
El Decreto Supremo 5613 establece lineamientos operativos para la dotación y titulación de tierras en la región amazónica. De acuerdo con el texto oficial, la aplicación se enmarca en la Constitución Política del Estado (CPE) y la normativa agraria vigente.
La norma prioriza a comunidades campesinas e indígenas que hayan solicitado formalmente acceso a tierras y cuenten con reconocimiento legal. Además, dispone que los procesos se ejecuten sin sobreposición de superficies hasta la fecha de promulgación y bajo evaluación técnica y jurídica.
El decreto asigna competencias al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para ejecutar los procesos de dotación y titulación. Esta entidad deberá realizar verificaciones técnicas y legales antes de autorizar cualquier adjudicación, conforme a la normativa vigente.
Gobierno apunta a desactivar la marcha indígena
El Ejecutivo vincula directamente la aprobación del decreto con la intención de frenar la movilización indígena. Según declaraciones de Paredes a medios, la medida responde a la demanda de acceso a tierras, uno de los ejes centrales de la protesta.
La marcha, que llegó a Caranavi, exige además la abrogación de la Ley 1720. Los movilizados sostienen que esta normativa afecta territorios indígenas y pequeñas propiedades productivas al permitir su reconversión en unidades de mayor escala.
Reclamos sobre la Ley 1720 y conflicto por la tierra
Las organizaciones indígenas cuestionan que la Ley 1720 habilite cambios en la estructura de propiedad que podrían perjudicar a pequeños productores. En su criterio, esto genera presión sobre territorios comunitarios y altera el equilibrio en el acceso a la tierra.
Hasta el momento, el Gobierno no ha anunciado la abrogación de esa ley. Sin embargo, con el Decreto 5613 busca ofrecer una respuesta operativa inmediata al conflicto, centrada en acelerar procesos de dotación y titulación en regiones específicas.






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