
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, planteó la apertura de un debate nacional amplio para impulsar una reforma integral de la propiedad de la tierra en Bolivia. La propuesta surge ante el aumento de tensiones en el ámbito agrario y la necesidad de actualizar la normativa vigente. Según la autoridad, el objetivo es evitar escenarios de alta conflictividad social. La iniciativa fue presentada este contexto de movilizaciones campesinas en curso. El enfoque busca incorporar cambios estructurales en la legislación agraria.
Callisaya sostuvo que la discusión debe incluir temas como la regulación del mercado de tierras, la Función Económica Social (FES) y el componente ambiental. También advirtió que, sin un tratamiento integral de estos factores, podrían generarse mayores conflictos en el país. La Defensoría del Pueblo considera que la actual normativa requiere ajustes urgentes. El planteamiento apunta a construir consensos amplios entre actores estatales y sociales.
Propuesta de ley integral sobre propiedad de la tierra en Bolivia
El Defensor del Pueblo propuso la elaboración de una nueva ley integral de propiedad de la tierra. Esta norma debería abordar de manera estructural los problemas del sistema agrario boliviano. La iniciativa surge como respuesta a tensiones crecientes en el sector rural.
Callisaya remarcó que la legislación debe actualizarse para responder a las dinámicas sociales, productivas y ambientales actuales. En ese marco, insistió en que el debate debe ser técnico, político y social. La finalidad es garantizar seguridad jurídica y reducir conflictos vinculados al uso de la tierra.
Ejes clave de la reforma agraria: FES, extranjerización y medio ambiente
Entre los principales ejes, Callisaya planteó regular el mercado de tierras. También pidió revisar el cumplimiento de la Función Económica Social (FES), un principio que establece que la tierra debe cumplir una función productiva y de interés colectivo. Según la autoridad, este punto es clave para evitar la concentración improductiva de tierras.
Otro aspecto central es la revisión de la extranjerización de la tierra. El Defensor del Pueblo cuestionó la vigencia de criterios históricos en la clasificación agraria, algunos de los cuales datan de 1953. Señaló que estas categorías requieren actualización para responder a la realidad actual del país.
El planteamiento también incluye la incorporación del componente ambiental en la legislación agraria. Este enfoque busca equilibrar la producción con la protección de los recursos naturales. La Defensoría considera que este elemento es indispensable para una reforma sostenible.
Riesgo de conflictividad agraria en Bolivia
Callisaya advirtió que la falta de una reforma integral puede incrementar la conflictividad en el área rural. Según su evaluación, la ausencia de consenso en estos temas genera escenarios de tensión social. El Defensor del Pueblo alertó sobre la importancia de abordar el problema de manera estructural.
La autoridad enfatizó que el tema agrario ha sido históricamente un factor de movilización en Bolivia. Por ello, insistió en la necesidad de prevenir conflictos mediante acuerdos amplios entre sectores involucrados.
Intento de diálogo y seguimiento de movilizaciones campesinas
En el marco de la actual coyuntura, Callisaya informó que se intentó instalar un espacio de diálogo en la localidad de Collana. Sin embargo, esta iniciativa no logró concretarse. Mientras tanto, la marcha de sectores provenientes del norte del país continúa su desplazamiento hacia la sede de gobierno.
La Defensoría del Pueblo mantiene un seguimiento permanente de la movilización. Los grupos campesinos del departamento de Pando se encuentran actualmente en la población de Inicua, cercana a Palos Blancos. El monitoreo se realiza como parte de su mandato de prevención de conflictos y protección de derechos humanos.
Llamado al diálogo entre el Estado y actores sociales
Finalmente, el Defensor del Pueblo instó al Órgano Ejecutivo y a los sectores movilizados a retomar el diálogo. Señaló que el abordaje del problema agrario requiere consensos amplios y responsabilidad institucional.
Callisaya subrayó que la estabilidad democrática y la paz social dependen de una solución concertada. El llamado busca evitar una escalada de tensiones en un contexto de movilización activa en el país.








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