El Gobierno de Bolivia anunció este miércoles que cumplirá con el pago de 105 millones de dólares al BBVA, en acatamiento al laudo arbitral internacional por la nacionalización de la administración del fondo de pensiones.
La decisión se da después de que el Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazara el recurso del Estado para anular el fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), lo que consolidó la obligación de indemnización.
Gobierno ejecutará el pago según plazos del laudo
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, José Horacio Valencia, informó que el Estado asumirá el pago conforme a los plazos establecidos en el laudo arbitral.
“La obligación está definida y el Estado va a tomar las medidas necesarias para cumplirla”, señaló en conferencia de prensa. Añadió que aún se analizan los mecanismos específicos para efectuar el desembolso.
El arbitraje por la nacionalización de pensiones
El proceso se originó por las demoras en la implementación de la nacionalización de la administración de los fondos de pensiones, que anteriormente estaba en manos de BBVA Previsión.
Según el Gobierno, estas acciones, ejecutadas en gestiones pasadas, derivaron en el litigio internacional por vulneraciones a la seguridad jurídica.
Valencia atribuyó el resultado del arbitraje a decisiones adoptadas en anteriores administraciones. Indicó que esas políticas llevaron al Estado a enfrentar este proceso y su desenlace.
En ese marco, aseguró que el Ejecutivo trabaja en alternativas para cumplir con la obligación sin generar efectos adversos en la economía.
Gestora Pública descarta impacto en jubilaciones
El gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, afirmó que el pago de la indemnización no afectará los ahorros de los jubilados ni las pensiones.
Explicó que los recursos administrados por la entidad constituyen un patrimonio autónomo, independiente, destinado exclusivamente al pago de beneficios previsionales.
El procurador general del Estado, Hugo César León, calificó el caso como una “obligación jurídica consolidada”.
En paralelo, el subprocurador Roger Longaric anunció una auditoría a los procesos arbitrales en los que Bolivia fue parte, con el objetivo de identificar responsabilidades en la defensa del Estado.
Bolivia cumplirá bajo estándares internacionales
Las autoridades aseguraron que el país honrará el pago conforme a estándares internacionales y mediante los canales institucionales correspondientes.
El Gobierno sostiene que la prioridad es cumplir el laudo sin comprometer la estabilidad económica, mientras define la estrategia financiera para ejecutar la indemnización.





Sé el primero en dejar un comentario