
La Fiscalía de La Paz formalizó la acusación contra el exministro de Justicia, César Siles, junto a exautoridades judiciales y otros implicados en el denominado caso consorcio. El Ministerio Público solicita una pena de hasta 10 años de prisión, la máxima prevista para este tipo de delito.
El fiscal Miguel Cardozo confirmó que la imputación incluye cargos por tráfico de influencias, consorcio y organización criminal. La investigación se cerró tras varios meses de indagación sobre una presunta trama para destituir a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Investigación del caso consorcio y origen del conflicto
El caso estalló a mediados de 2025, cuando se reveló un supuesto plan para remover del cargo a la magistrada del TSJ, Fanny Coaquira. Según la Fiscalía, el objetivo era habilitar a su suplente, Iván Campero.
De acuerdo con la investigación, un grupo de exautoridades y operadores judiciales habría presionado al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, para emitir un fallo mediante una Acción Popular que derivara en la destitución de Coaquira. Meses después de estos hechos, el juez Lea Plaza se quitó la vida, lo que marcó un punto crítico en el caso.
Los acusados y su presunto rol en la trama
Entre los acusados figuran César Siles; los exvocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova y Claudia Castro; además del magistrado suplente Iván Campero.
También están incluidos un funcionario judicial señalado de direccionar el sorteo del caso, Oscar Antonio Amelunge y el abogado que impulsó la Acción de Cumplimiento para ejecutar la destitución. Según el Ministerio Público, todos habrían participado en el diseño o ejecución del plan.
Actualmente, la exvocal Claudia Castro cumple detención preventiva en el penal de Obrajes. El resto de los implicados se encuentra con medidas sustitutivas. En tanto, Antonio Amelunge permanece prófugo y con orden de búsqueda, aunque fue igualmente incluido en la acusación formal.
Audio clave y peritaje fiscal
Una de las principales pruebas del caso es un audio en el que, según la Fiscalía, se escucha a César Siles ofreciendo garantías al juez Lea Plaza para concretar la destitución de la magistrada.
El fiscal Cardozo señaló que el material fue sometido a peritaje técnico, el cual confirmó la autenticidad de las conversaciones. Este elemento se perfila como pieza central en el eventual juicio.
Intento de acuerdo rechazado por la Fiscalía
Siles y el exvocal Córdova intentaron cerrar el caso mediante un acuerdo con la magistrada Coaquira, a través de su apoderado. La propuesta contemplaba una reparación a cambio de desistir de la acción penal.
Sin embargo, el Ministerio Público rechazó el documento. Cardozo explicó que el acuerdo no contaba con la firma de la presunta víctima, lo que invalidó su consideración dentro del proceso.
Próxima etapa: apertura de juicio
Con la acusación formal presentada, el siguiente paso corresponde a un tribunal de sentencia, que deberá fijar la fecha para la apertura del juicio oral.
El proceso avanza con todos los implicados formalmente acusados, en un caso que involucra presunta manipulación judicial y que podría derivar en condenas de hasta una década de prisión.




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