El Gobierno nacional y organizaciones campesinas del Beni firmaron un acuerdo que aclara el alcance de la Ley 1720 y viabiliza el saneamiento de tierras. El pacto se logró tras una jornada de diálogo en Rurrenabaque y permitió desactivar medidas de presión del sector movilizado.
El encuentro reunió a autoridades nacionales y representantes de las provincias Ballivián y Vaca Díez. Según el acta suscrita, ambas partes consensuaron condiciones para avanzar en la titulación de predios y garantizar la seguridad jurídica en la región.
Alcance de la Ley 1720 y seguridad jurídica
El principal punto del acuerdo establece que la aplicación de la Ley 1720 se limita exclusivamente a predios privados titulados. Esta precisión busca facilitar el acceso de los propietarios a fuentes de financiamiento, según el documento oficial.
El acta también garantiza que la normativa no afecta la integridad de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Asimismo, protege los derechos territoriales de las comunidades indígena originario-campesinas, un aspecto clave en la negociación.
Protección de las TCO
Las autoridades y dirigentes coincidieron en que las TCO quedan fuera del alcance de la ley. De acuerdo con lo suscrito, no habrá modificaciones sobre estos territorios colectivos ni sobre su régimen de propiedad.
Este punto fue determinante para alcanzar el consenso. Las organizaciones habían expresado preocupación por posibles impactos sobre sus territorios ancestrales.
Fin de las medidas de presión
Tras la firma del acuerdo, el sector movilizado anunció el desistimiento inmediato de sus medidas de presión. La decisión responde al compromiso del Gobierno de atender las demandas productivas y territoriales.
Además, ambas partes acordaron conformar una mesa de seguimiento técnico. Esta instancia tendrá la tarea de verificar el cumplimiento del acuerdo y avanzar en los procesos de titulación pendientes.
Participación de autoridades y rol del INRA
El diálogo se desarrolló en el municipio de Rurrenabaque con la participación de los viceministros de Desarrollo Agropecuario y de Tierras. Karel Rivero y Hormando Vaca Díez encabezaron la representación gubernamental.
También participaron delegados del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entidad responsable de los procesos de saneamiento y titulación de tierras en el país.
Compromiso con el desarrollo productivo
Desde el Ministerio Productivo, Rural y Aguas señalaron que el acuerdo reafirma la voluntad de diálogo del Gobierno. Según la entidad, el objetivo es fortalecer el desarrollo productivo y garantizar seguridad jurídica en el sector agrario.
El entendimiento alcanzado en Beni abre un escenario de coordinación entre el Estado y las organizaciones campesinas. Esto permitirá avanzar en la regularización de tierras y en la atención de demandas estructurales del sector.








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