El exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, fue sentenciado a 10 años de prisión por su implicación en el denominado caso “Coimas”. El fallo también alcanzó al exviceministro Carmelo Valda Duarte, quien recibió seis años de cárcel.
La sentencia fue emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción de La Paz, tras una investigación iniciada el 8 de abril de 2023 por denuncias de cobros irregulares dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Investigación del caso coimas en el Ministerio de Medio Ambiente
Según las indagaciones oficiales, el caso se originó tras detectarse una presunta red de cobros ilegales. Esta estructura habría operado a cambio de favorecer contrataciones públicas durante la gestión del presidente Luis Arce.
La Dirección de Litigio de la Procuraduría General del Estado informó que el proceso concluyó con una sentencia condenatoria contra cinco exfuncionarios. “El proceso ha concluido con sentencia condenatoria contra cinco exfuncionarios”, señala el informe oficial difundido por la entidad.
Sentencias y otros implicados
Además de Santos Cruz y Valda Duarte, el tribunal también condenó a otros tres exfuncionarios:
- Jhony Alexander Santos Sánchez: 6 años de prisión
- Álvaro Chávez Arteaga: 6 años de prisión
- Rosa Viviana Bautista: 6 años de prisión
Las autoridades judiciales determinaron estas penas en función de su participación dentro de la red investigada.
Medidas adicionales y situación de los acusados
El exministro Santos Cruz se encontraba con detención preventiva en la cárcel de San Pedro desde mayo de 2023. En tanto, el exviceministro Valda Duarte cumplía detención domiciliaria desde julio del mismo año.
El fallo también establece medidas complementarias:
- Prohibición de ejercer cargos públicos o electivos una vez ejecutoriada la sentencia
- Instrucción al Ministerio Público para identificar y decomisar bienes obtenidos de forma ilícita
Daño económico y alcance del caso
De acuerdo con datos oficiales, el caso “Coimas” generó un daño económico al Estado superior a los 19 millones de bolivianos. Esta cifra posiciona el proceso como uno de los más relevantes en materia de corrupción reciente en el país.
Desde la Procuraduría General del Estado destacaron que la sentencia sienta un precedente en la lucha contra la corrupción. Además, reafirma el compromiso institucional de proteger los recursos públicos y sancionar prácticas irregulares dentro de la administración estatal.








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