El exministro de Justicia, César Siles, y el exvocal judicial Yván Córdova firmaron un acuerdo con la magistrada Fanny Coaquira en el marco del denominado caso consorcio. Con este documento, ambos solicitaron a la Fiscalía modificar la calificación penal en su contra para quedar al margen del proceso.
Según confirmó su abogado, Alberto Morales, el acuerdo fue suscrito la semana pasada y tiene carácter confidencial. El objetivo es viabilizar una reparación integral y reducir la imputación a un delito menor que permita el cierre del caso para sus defendidos.
Acuerdo con la víctima redefine la estrategia legal
Morales explicó que tanto los imputados como la magistrada coincidieron en que los delitos inicialmente atribuidos —consorcio, uso indebido de influencias y organización criminal— no se ajustan a los hechos.
De acuerdo con la defensa, la conducta atribuible a Siles y Córdova se limitaría a un encubrimiento. Es decir, no habrían participado directamente en la presunta red, sino que omitieron denunciar una audiencia en la que se intentaba destituir a Coaquira.
“El máximo reproche sería encubrimiento”, afirmó el abogado, quien subrayó que ya se presentó una solicitud formal para que la Fiscalía cambie la calificación penal.
Este delito contempla una pena menor. Según Morales, no superaría los dos años de privación de libertad, lo que habilitaría el perdón judicial en caso de una eventual sentencia.
Claves del acuerdo confidencial
El documento suscrito entre las partes incluye varios elementos relevantes. En primer lugar, los imputados reconocen la legalidad de la elección de Coaquira como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El acuerdo también contempla una reparación integral a favor de la víctima. Sin embargo, los términos específicos se mantienen bajo reserva, en respeto a la confidencialidad pactada.
Morales indicó que la magistrada se siente reparada no solo en términos legales, sino también en aspectos vinculados a su dignidad y al trato recibido durante el conflicto.
Fiscalía debe definir el futuro del proceso
La defensa informó que espera una respuesta del Ministerio Público sobre la solicitud presentada. En caso de no obtener una resolución, acudirán ante la autoridad judicial competente.
Si la Fiscalía acepta el cambio de tipificación, deberá prescindir de la persecución penal contra Siles y Córdova. En ese escenario, ambos dejarían de ser imputados, aunque continuarían vinculados al caso en calidad de testigos.
Origen del caso consorcio
El caso salió a la luz a mediados del año pasado. Según las investigaciones, existía un presunto consorcio que habría influido en un juez de provincia para destituir a Coaquira de su cargo en el TSJ.
Siles y Córdova fueron incluidos en la investigación como parte de esa supuesta estructura. No obstante, con el nuevo acuerdo, buscan redefinir su responsabilidad y cerrar su situación jurídica.
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