El Consejo de la Magistratura envió a la Asamblea Legislativa dos proyectos de reforma a la Ley 025 del Órgano Judicial. En concreto, las iniciativas buscan mejorar la eficiencia del sistema judicial, reducir la sobrecarga de causas y fortalecer el control disciplinario sobre jueces y funcionarios.
Según explicó el presidente de la Magistratura, Carlos Spencer, las propuestas incluyen la creación de cerca de 300 nuevos juzgados en todo el país. Asimismo, plantean ajustes en el régimen sancionatorio para operadores de justicia, con el fin de agilizar procesos y garantizar mayor transparencia.
Más juzgados para reducir la carga judicial
Uno de los ejes centrales de la reforma judicial es la habilitación de aproximadamente 300 nuevos juzgados. De acuerdo con Spencer, esta medida apunta a ampliar la cobertura del servicio judicial y, al mismo tiempo, disminuir los tiempos de atención.
El proyecto también contempla la incorporación de personal de apoyo en el ámbito jurisdiccional. En ese sentido, la autoridad señaló que esto permitirá responder a la alta demanda en regiones donde la capacidad instalada resulta insuficiente.
Impacto en el acceso a la justicia
La creación de nuevos despachos judiciales busca descongestionar los tribunales actuales. En efecto, el Consejo de la Magistratura advierte que la sobrecarga de causas genera retrasos significativos en la resolución de procesos.
Por ello, con más juzgados operativos, la institución espera mejorar el acceso a la justicia, especialmente en zonas donde los usuarios enfrentan demoras prolongadas.
Cambios en el régimen disciplinario judicial
El segundo proyecto introduce modificaciones al sistema disciplinario aplicable a jueces y funcionarios judiciales. En particular, la propuesta redefine las sanciones según la gravedad de las faltas.
El esquema plantea suspensiones de uno a seis meses para infracciones leves. Por otro lado, para faltas graves establece sanciones de uno a dos años. Finalmente, en casos considerados gravísimos, se aplicará la destitución.
Eliminación de jueces ciudadanos en destituciones
Uno de los cambios más relevantes es la exclusión de los jueces ciudadanos en los procesos de destitución. De este modo, la propuesta asigna esta responsabilidad exclusivamente a jueces disciplinarios.
Según el Consejo de la Magistratura, esta modificación responde a dificultades recurrentes para convocar a jueces ciudadanos. Como resultado, esta situación ha generado demoras y ha limitado la eficacia de los mecanismos de control interno.
Objetivo: un sistema judicial más ágil y transparente
De acuerdo con Spencer, ambas iniciativas apuntan a construir un sistema judicial más eficiente. En consecuencia, el objetivo es mejorar la capacidad de respuesta frente a las demandas de la población.
La institución sostiene que la combinación de mayor infraestructura judicial y un régimen disciplinario más claro permitirá elevar los niveles de transparencia y reducir los tiempos procesales. En suma, la reforma busca atender problemas estructurales del sistema judicial.
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