
El expresidente Luis Arce Catacora denunció desde la cárcel que es víctima de “tortura psicológica” y se declaró “preso político” en el marco del proceso que enfrenta por el caso Fondo Indígena. La acusación fue difundida mediante una carta firmada desde el penal de cárcel de San Pedro.
En el documento, Arce cuestiona la legalidad de su detención, que se produjo en diciembre de 2025, y responsabiliza al gobierno de Rodrigo Paz por una supuesta persecución política en su contra.
Denuncia de detención irregular y vulneración de derechos
El exmandatario afirmó que su aprehensión se ejecutó sin una orden legal, lo que calificó como un “secuestro al margen de la ley”. Según su versión, tampoco recibió notificación previa de ningún proceso judicial, pese a que —asegura— había expresado su disposición de presentarse ante las autoridades.
Arce está detenido preventivamente por presuntos delitos cometidos durante su gestión como ministro de Economía, dentro de la investigación del caso Fondo Indígena. Sin embargo, rechaza las acusaciones y sostiene que no existen fundamentos para su privación de libertad.
Condiciones en la cárcel y denuncia de tortura psicológica
En su carta, el exjefe de Estado describió condiciones de reclusión que considera inadecuadas. Señaló que fue alojado en un espacio sin condiciones mínimas de habitabilidad y que sufrió interrupciones constantes para la toma de fotografías.
Aunque indicó que estas prácticas disminuyeron tras reclamos de su entorno, afirmó que continúan registrándolo con imágenes y videos dentro del recinto penitenciario. Para Arce, estos hechos constituyen “actos de tortura psicológica”.
Restricciones médicas y rechazo a solicitudes
El exmandatario también denunció que las autoridades rechazaron todas las solicitudes presentadas por su defensa. Entre ellas, mencionó una petición para someterse a exámenes médicos recomendados por un cardiólogo.
Según su testimonio, esta negativa pone en riesgo su estado de salud, lo que agrava las condiciones de su detención preventiva.
Allanamiento y acusación de persecución política
Arce cuestionó además el allanamiento reciente de su domicilio, al que interpretó como parte de una estrategia para provocar su “muerte civil y política”. En su pronunciamiento, aseguró que el proceso en su contra responde a una “persecución política, mediática e institucional”.
El expresidente reafirmó su inocencia con una declaración categórica: “Yo no he robado, yo no he matado, yo no he mentido al pueblo boliviano”.
Llamado a organismos de derechos humanos
En la parte final de la carta, Arce pidió la intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Solicitó que se garantice el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia judicial.
Asimismo, advirtió sobre lo que considera un deterioro del Estado de Derecho en Bolivia, en un contexto que describió como una “venganza” política.




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