
El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Wilder Veliz, informó este sábado que presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la realización de la segunda vuelta electoral en la Gobernación de La Paz.
La acción surge luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anulara el balotaje, lo que, según el legislador, vulnera derechos políticos individuales y colectivos de los ciudadanos paceños.
Solicitud ante la CIDH por derechos políticos
Veliz comunicó su decisión a través de redes sociales, donde denunció una “flagrante vulneración de derechos políticos”. Según su declaración, impedir la segunda vuelta afecta la democracia y la voluntad popular.
El legislador sostuvo que la medida impacta a más de dos millones de votantes en La Paz. En ese sentido, afirmó que su acción busca preservar el derecho ciudadano a elegir libremente a su autoridad departamental.
“El pueblo paceño pierde su derecho fundamental al voto”, expresó el senador por Cochabamba, de acuerdo con su pronunciamiento público.
Aplicación de la Ley de Régimen Electoral
En las últimas horas, el Tribunal Supremo Electoral ratificó la anulación de la segunda vuelta. La entidad basó su decisión en el artículo 64 de la Ley de Régimen Electoral.
Esta norma establece que, si una organización política declina participar en el balotaje, el candidato restante asume automáticamente la victoria.
Proclamación de Luis Revilla
En este contexto, el TSE proclamó ganador a Luis Revilla, candidato de la alianza oficialista. La decisión ocurrió tras la salida del proceso del postulante René Yahuasi, de Nueva Generación Patriótica (NGP).
El retiro de esa organización política generó polémica y abrió cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento aplicado.
Cuestionamientos y acciones legales
Veliz, quien también ejerce como secretario del Comité de Justicia Plural del Senado, anunció que activará todas las vías legales disponibles.
El legislador señaló que recurrirá tanto a instancias nacionales como internacionales para defender los derechos políticos y la institucionalidad democrática.
Asimismo, remarcó que la situación tiene un impacto directo en la participación electoral. “La voz del pueblo debe ser escuchada y respetada”, enfatizó.
Debate sobre el derecho al voto en La Paz
La controversia reactivó el debate sobre el alcance del derecho al voto y la interpretación de la normativa electoral en Bolivia.
Diversos sectores cuestionan si la aplicación automática del artículo 64 respeta plenamente los principios democráticos, especialmente en escenarios donde se reduce la competencia electoral.
La solicitud presentada ante la CIDH abre un frente internacional en el conflicto, mientras se espera una respuesta del organismo sobre las medidas cautelares solicitadas.



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