La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley N° 243/2025-2026, que autoriza el uso de agentes encubiertos y entregas vigiladas en investigaciones por financiamiento al terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas en Bolivia. Luego, la Cámara Baja envió la norma al Senado para su revisión constitucional.
La iniciativa modifica los artículos 282 y 283 del Código de Procedimiento Penal. Con estos cambios, el Estado busca fortalecer las capacidades del Ministerio Público y de la Policía Boliviana frente al aumento de delitos financieros complejos, según la exposición de motivos.
Nuevas técnicas contra el terrorismo y el lavado de dinero
El proyecto incorpora las denominadas técnicas especiales de investigación (TEI) en delitos que antes no incluían estos mecanismos. Hasta ahora, las autoridades aplicaban estas herramientas casi exclusivamente en casos de narcotráfico y trata de personas.
Con la nueva normativa, las autoridades podrán infiltrar estructuras criminales vinculadas al financiamiento del terrorismo y al lavado de dinero. El documento aprobado señala que estas técnicas permiten simular la participación en organizaciones ilícitas para identificar a los responsables y rastrear el origen de los fondos.
Cómo operarán los agentes encubiertos
El texto establece que los agentes encubiertos podrán integrarse en organizaciones criminales para recolectar pruebas desde el interior. Este mecanismo busca fortalecer los procesos penales con evidencia directa.
Sin embargo, la ley también establece límites claros. Los agentes deberán responder ante la justicia si cometen excesos fuera de la misión asignada. De esta forma, el proyecto garantiza la operatividad procesal sin vulnerar el marco legal vigente.
Argumentos y respaldo de la medida
El presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, el diputado Edgar Manolo Rojas (PDC), destacó la importancia del proyecto. Según sus declaraciones, Bolivia solo permitía el uso de agentes encubiertos en delitos de narcotráfico.
El respaldo a la norma también se sustenta en datos oficiales. Entre abril de 2023 y diciembre de 2024, las investigaciones por legitimación de ganancias ilícitas crecieron un 69,9%. El documento advierte que organizaciones cada vez más complejas cometen estos delitos.
Presión internacional y contexto regional
La propuesta también responde a exigencias de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Esta entidad instó a Bolivia a adecuar su normativa para mejorar la transparencia del sistema financiero.
El Gobierno ya planteó incorporar estas figuras legales en junio de 2025, en el marco de los esfuerzos por salir de listas de observación internacional vinculadas a la lucha contra el lavado de dinero.
Trámite legislativo en curso
Tras la aprobación en Diputados, el Senado analizará el proyecto en la siguiente fase legislativa. La presidenta en ejercicio de la Cámara Baja, Daniela Cabrera (Unidad), confirmó el envío para su revisión constitucional.
Si el Senado sanciona la norma, el Ejecutivo la promulgará posteriormente. Con este paso, Bolivia ampliará su marco legal y fortalecerá la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos mediante herramientas de investigación más avanzadas.
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