La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que permite imponer prisión perpetua a menores de 18 años responsables de homicidio, violación y terrorismo. La medida forma parte de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele, quien impulsa una ofensiva antipandillas desde hace cuatro años.
Con 58 votos de los 60 diputados del Congreso unicameral, el Parlamento ratificó la reforma constitucional que endurece la legislación penal juvenil. El Gobierno publicará la norma en el Diario Oficial y esta entrará en vigor ocho días después.
Reforma a la Ley Penal Juvenil: qué cambia
La Asamblea incorporó la prisión perpetua al catálogo de sanciones excepcionales para menores en conflicto con la ley penal. Además, eliminó el procedimiento especial juvenil para delitos graves, lo que acerca su tratamiento al régimen penal de adultos.
El nuevo marco legal incluye revisiones periódicas de las condenas. Los jueces evaluarán el nivel de rehabilitación del condenado y su riesgo social, y podrán otorgar un régimen de libertad controlada si corresponde.
Revisión de penas y plazos establecidos
Los tribunales revisarán las condenas de forma obligatoria. En el caso de menores, podrán hacerlo después de que cumplan 25 años de prisión. Para adultos, realizarán la evaluación tras periodos de entre 30 y 40 años de condena.
Además, los juzgados de lo Criminal asumirán de forma exclusiva los procesos contra adultos y menores que cometan delitos sancionados con prisión perpetua.
Contexto: la “guerra” antipandillas de Bukele
El Gobierno impulsó esta reforma como parte del endurecimiento de su política de seguridad. Organizaciones no gubernamentales (ONG) han cuestionado esta estrategia y han denunciado posibles violaciones a derechos humanos, incluyendo señalamientos de “crímenes de lesa humanidad”.
El 17 de marzo, el Legislativo aprobó inicialmente la prisión perpetua. Con esta votación, consolidó el cambio en el sistema penal salvadoreño.
Reacciones políticas y críticas
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, defendió la medida. Aseguró que brinda “tranquilidad” a las familias salvadoreñas y sostuvo que los criminales condenados no volverán a la vida en libertad.
Por su parte, el diputado Francisco Lira, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuestionó la reforma. Señaló que miles de ciudadanos sin vínculos con pandillas aún esperan juicios justos y advirtió que personas inocentes podrían estar afectadas.
Régimen de excepción y cifras de detenciones
El Parlamento también prorrogó por 30 días el régimen de excepción con 57 votos. Esta medida permite detenciones sin orden judicial y sostiene la estrategia de seguridad vigente.
Según datos oficiales, las autoridades han detenido a más de 91.650 presuntos pandilleros desde su implementación. De ese total, liberaron a unas 8.000 personas tras comprobar su inocencia. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sostienen que aún hay detenidos que no deberían permanecer en prisión.
Antes de esta reforma, la ley salvadoreña fijaba una pena máxima de 60 años y permitía reducirla por buena conducta o trabajo comunitario.






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