
El Gobierno nacional informó que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes) aprobó la abrogación del Decreto Supremo 5547, norma que permitía la importación de soya sin aranceles. La medida responde a la principal demanda de los productores de soya y arroz en Bolivia.
Según el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, la decisión se tomó tras las mesas de diálogo sostenidas en jornadas recientes con el sector agropecuario. La anulación del decreto busca reducir la preocupación generada por la normativa y reafirmar el compromiso estatal con el sector productivo.
Abrogación del decreto 5547: respuesta a productores
El Decreto Supremo 5547 había liberado de aranceles la importación de soya, lo que generó rechazo entre productores nacionales. De acuerdo con el informe oficial, la abrogación aprobada por Conapes atiende directamente esta demanda.
Las autoridades señalaron que la medida refleja la voluntad política de mantener el diálogo abierto con los sectores productivos. Además, destacaron que el proceso se enmarca en acuerdos alcanzados previamente con representantes del agro.
Impacto en el sector agropecuario
El Gobierno sostiene que la eliminación del decreto contribuirá a dar mayor certidumbre al sector. Productores de soya y arroz habían advertido que la importación sin aranceles podía afectar la producción local y los precios internos.
En ese contexto, la decisión busca equilibrar las condiciones de mercado y proteger la producción nacional, según lo expresado por el Ministerio.
Proceso administrativo antes de su vigencia
Aunque Conapes aprobó la abrogación, el Gobierno aclaró que la anulación no es inmediata. El trámite debe seguir una ruta administrativa técnica hasta su publicación en la Gaceta Oficial.
Según la cartera de Desarrollo Productivo, este procedimiento es necesario para garantizar seguridad jurídica tanto al Estado como a los productores. Las autoridades subrayaron que no se trata de una demora, sino del cumplimiento de los plazos establecidos por la normativa vigente.
Seguridad jurídica y tiempos institucionales
El proceso incluye revisiones técnicas y legales antes de su oficialización. Este paso asegura que la medida tenga plena validez jurídica y evite posibles conflictos posteriores.
El Gobierno enfatizó que respetar estos tiempos fortalece la institucionalidad y brinda certidumbre al sector productivo.
Gobierno rechaza medidas de presión
El Ministerio de Desarrollo Productivo reiteró su vocación de diálogo y expresó su rechazo a las amenazas de bloqueos de carreteras y toma de pozos petroleros.
Según el pronunciamiento oficial, estas medidas resultan innecesarias debido a que la principal demanda ya se encuentra en curso de resolución por la vía administrativa y legal.
El Ejecutivo advirtió que la persistencia de acciones de presión podría responder a intereses políticos ajenos a la producción. En ese sentido, alertó sobre posibles efectos negativos en la estabilidad económica del país.
Llamado a priorizar soluciones técnicas
El Gobierno instó a los sectores movilizados a evitar la confrontación y priorizar soluciones técnicas. Afirmó que el diálogo sigue siendo el mecanismo principal para atender demandas productivas.
De acuerdo con las autoridades, mantener la estabilidad es clave para proteger la economía nacional y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo del sector agropecuario.





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