El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dispuso la suspensión provisional de la administración estatal del registro de abogados en Bolivia. La medida deja sin efecto varias disposiciones de la Ley 387 y normas reglamentarias asociadas, mientras se analiza el fondo de una acción de inconstitucionalidad abstracta.
El fallo, emitido mediante el Auto Constitucional 0634/2025, responde a un recurso presentado el 24 de octubre de 2025 por el exdiputado José Carlos Gutiérrez. La decisión genera un reordenamiento temporal del sistema de matriculación profesional y devuelve competencias a los colegios de abogados.
Restitución provisional a los colegios de abogados
La resolución judicial restituye de manera provisional la facultad de los colegios departamentales y del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia para registrar y otorgar matrícula profesional.
Además, se ordenó la suspensión del funcionamiento del Sistema de Acceso a la Justicia y Registro Público de la Abogacía (SAJ-RPA), que dependía de la administración estatal.
La notificación del auto constitucional llegó el 26 de febrero. La entidad gestora confirmó el cumplimiento de la medida cautelar y paralizó el registro público centralizado.
Suspensión de tribunales de ética estatales
El fallo también dejó en suspenso los tribunales de ética que operaban bajo dependencia gubernamental. Sus miembros eran designados desde el entonces Ministerio de Justicia de Bolivia.
Según el TCP, la regulación cuestionada incluía al menos 15 artículos de la Ley 387 y tres decretos reglamentarios, que presuntamente vulneraban principios constitucionales relacionados con el ejercicio profesional y la autonomía gremial.
Argumentos a favor del fallo constitucional
El constitucionalista Israel Quino sostuvo que la resolución “reivindica la institucionalidad de los colegios de abogados”.
A su juicio, la administración del registro profesional debe mantenerse fuera del poder político.
El exmagistrado del TCP Marco Antonio Baldivieso calificó la medida como coherente.
Baldivieso afirmó que el fallo permite recuperar la autonomía gremial del sector jurídico.
El jurista señaló que los intentos de control estatal sobre la abogacía se remontan a 2009, cuando el Decreto 100 creó un registro dependiente del Estado. Ese antecedente derivó en litigios constitucionales posteriores.
Origen de la regulación y centralización del registro
La Ley 387 fue promulgada el 9 de julio de 2013 durante el gobierno de Evo Morales.
La norma otorgaba al Estado amplias facultades sobre la matriculación, el control profesional y la designación de tribunales de ética.
El modelo buscaba establecer un sistema único de supervisión del ejercicio de la abogacía desde el nivel central.
Implicaciones políticas y administrativas del fallo
El 21 de noviembre de 2025, el presidente Rodrigo Paz ordenó el cierre del antiguo Ministerio de Justicia con el argumento de evitar injerencia política en la administración judicial.
Posteriormente, funciones del área fueron transferidas al Ministerio de la Presidencia. En ese contexto se designó a Yamil García como autoridad vinculada al sistema de registro.
La decisión del TCP se interpreta como un reequilibrio institucional entre Estado y gremios profesionales.
Propuestas de modernización del registro jurídico
El exdiputado Gutiérrez planteó la modernización del sistema de matrícula mediante herramientas de identidad digital.
Sugirió implementar un modelo de ciudadanía digital para verificar la identidad de cada profesional y mejorar la transparencia en la prestación de servicios legales.
También propuso impulsar una nueva ley de la abogacía que fortalezca la institucionalidad gremial y garantice independencia frente al poder político.
Un conflicto jurídico de más de una década
El debate sobre el control del ejercicio profesional se mantiene abierto mientras el TCP analiza el fondo de la demanda.
Juristas consideran que la medida cautelar representa un punto de inflexión en la relación entre el Estado y la autonomía de la profesión jurídica en Bolivia.
La resolución no es definitiva, pero redefine temporalmente la administración del registro de abogados.






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