Cuatro de cinco aeronaves intervenidas el 5 de febrero en San Ramón dieron positivo a cocaína tras pericias de microaspirado. Así lo informó el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas en un reporte oficial.
Según la entidad, las naves permanecen precintadas junto con el hangar. Además, aseguró que el procedimiento se ejecutó con control fiscal y notarial, por lo que descartó cualquier liberación irregular.
Resultados del microaspirado y control fiscal
En primer lugar, el microaspirado detectó rastros de cocaína en cuatro aeronaves. En cambio, una quinta nave quedó en observación técnica debido a condiciones estructurales que podrían afectar la pureza del indicio.
De acuerdo con el informe, el acto pericial se realizó con control fiscal y notarial. Asimismo, participaron un fiscal de Sustancias Controladas, peritos del Centro de Investigaciones Técnico Científicas en Seguridad (Citesc), una notaria de Fe Pública y personal de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar).
Por consiguiente, la autoridad afirmó que la intervención, el precintado y la preservación de las aeronaves se ajustaron a procedimiento. En ese sentido, el reporte señala que los resultados desvirtúan versiones sobre una supuesta liberación irregular.
Precintado del hangar y custodia permanente
Por otra parte, Sustancias Controladas informó que las cinco aeronaves fueron precintadas formalmente. Del mismo modo, el hangar quedó bajo resguardo y se designó un depositario conforme a norma.
Además, el lugar permanece con custodia policial permanente y sin novedad de movimientos. Según el reporte, no se realizó una requisa inicial para evitar contaminación de indicios y priorizar pericias técnicas especializadas posteriores.
En consecuencia, la entidad solicitó la entrega de las aeronaves a la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) en calidad de bienes secuestrados.
Investigación en curso y cruce de versiones
El pronunciamiento se produjo luego de que el vicepresidente Edmand Lara denunciara el 12 de febrero una presunta liberación de las aeronaves. En su declaración, el segundo mandatario se basó en la denuncia de un teniente que mencionó un supuesto pago irregular.
Sin embargo, el Viceministerio negó esa versión y remarcó que ninguna aeronave fue liberada. Además, afirmó que “aquí no se protege a nadie” y que se actúa con procedimiento, prueba técnica y control fiscal.
Paralelamente, se activaron requerimientos a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), el Servicio General de Identificación Personal (Segip), el Servicio de Registro Cívico (Sereci), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Servicios Técnicos Auxiliares y el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec).
Finalmente, la entidad subrayó que en investigaciones sobre estructuras criminales complejas se requiere prudencia en declaraciones públicas. Por ello, sostuvo que la lucha contra el narcotráfico se sustenta en resultados verificables y no en especulación.
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