La Sala Constitucional Tercera de El Alto citó al presidente Rodrigo Paz para que asista a una audiencia pública por la acción popular presentada contra el Decreto Supremo 5515, norma que le permite ejercer sus funciones mediante medios tecnológicos cuando se encuentra fuera del país. La audiencia fue fijada para el martes 20 de enero a las 15.30 y también convoca a otras altas autoridades del Estado.
El recurso fue interpuesto por Wilmer Juan Vásquez Flores y cuestiona la constitucionalidad del decreto emitido por el Gobierno a inicios de año.
Audiencia fijada tras admisión del recurso
La acción popular fue admitida el 14 de enero, luego de que se subsanaran observaciones formales. Ese mismo día, la Sala Constitucional programó la audiencia pública, según el documento difundido por el periodista John Arandia.
Además del presidente Paz, fueron citados el vicepresidente del Estado, Edmand Lara; la presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional, Paola Prudencio; el contralor general del Estado, José Luis Mitma; y el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Qué establece el Decreto Supremo 5515
El Decreto Supremo 5515 dispone que el presidente Rodrigo Paz ejercerá sus atribuciones a través de medios tecnológicos de comunicación en caso de encontrarse fuera del territorio nacional de manera temporal. La norma fue emitida el 19 de diciembre.
El decreto también señala que, si existiera imposibilidad de ejercer funciones por esta vía, el mandatario deberá comunicar de forma escrita y con precisión de fechas al vicepresidente el detalle de las acciones a realizar durante la suplencia.
Atribuciones presidenciales según la Constitución
El decreto se ampara en el artículo 172 de la Constitución Política del Estado, que establece las atribuciones del presidente. Entre ellas se encuentran proponer y dirigir las políticas de Gobierno y de Estado, dirigir la administración pública, coordinar la acción de los ministros, conducir la política exterior, promulgar leyes y dictar decretos supremos y resoluciones.
La audiencia de la Sala Constitucional definirá si el DS 5515 se ajusta o no al marco constitucional vigente.
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