El vicepresidente Edmand Lara informó este viernes que impulsa un proyecto para modificar “algunos artículos abusivos” de la Ley 348, conocida como Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. La propuesta busca corregir disposiciones que, según él, vulneran derechos como el debido proceso y la presunción de inocencia.
“Se debe modificar algunos artículos que son abusivos, desiguales e injustos y que vulneran el derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia e igualdad de las partes”, declaró Lara durante una transmisión en sus redes sociales.
Objetivo de la reforma
El vicepresidente explicó que la iniciativa no busca derogar la Ley 348, sino ajustar ciertos artículos que, a su juicio, funcionan como “sentencias anticipadas” contra las personas sometidas a procesos bajo esta normativa.
“Necesitamos una modificación, no una abrogación, hay cosas que se pueden rescatar y otras que se tienen que modificar”, añadió.
Lara adelantó que buscará el respaldo de diputados y senadores en la Asamblea Legislativa, señalando que la aprobación requiere los dos tercios de los miembros presentes en ambas cámaras.
Contexto de la Ley 348
Promulgada el 9 de marzo de 2013, la Ley 348 tiene como objetivo proteger a las mujeres de todo tipo de violencia, tanto en espacios privados como públicos. La norma establece la erradicación de la violencia contra la mujer como prioridad nacional, reconociéndola como una de las formas más extremas de discriminación por género.
A pesar de su importancia, la aplicación de la Ley 348 ha generado debates. Movimientos sociales y sectores críticos han denunciado que, en algunos casos, se ha utilizado de manera arbitraria, afectando los derechos de los acusados sin garantizar el debido proceso. El expresidente del Senado, Andrónico Rodríguez, llegó a calificarla como “una ley anti hombres”.
Expectativas del vicepresidente
Lara afirmó que confía en recibir apoyo parlamentario, destacando que “hay mucha gente que sufre con la 348, no solamente hombres, sino también mujeres, madres y hermanas que tienen familiares que han sido encarcelados injustamente”.
Con este anuncio, el gobierno abre la puerta a un debate sobre el equilibrio entre la protección de las mujeres y la garantía de derechos fundamentales para todos los ciudadanos implicados en procesos legales bajo la Ley 348.




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