El Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 comenzó a regir desde el 1 de enero en Bolivia sin haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que entró en vigencia de forma automática y por mandato constitucional.
Es el tercer año consecutivo en que el presupuesto del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) se aplica sin aval legislativo, tras no alcanzarse un consenso dentro del plazo legal.
El plazo constitucional venció el 31 de diciembre
La Constitución Política del Estado (CPE) establece que la Asamblea Legislativa dispone de 60 días para analizar y aprobar el proyecto del Presupuesto General del Estado presentado por el Ejecutivo.
Ese plazo concluyó el 31 de diciembre de 2025 sin que el Legislativo aprobara la norma, lo que activó el mecanismo automático que permite que el PGE 2026 entre en vigencia por fuerza de ley desde el inicio del nuevo año fiscal.
Tercer presupuesto consecutivo aprobado por vía automática
El escenario que rodea al Presupuesto 2026 no es inédito. En 2024 y 2025, los presupuestos también fueron promulgados mediante decretos supremos, luego de que su tratamiento quedara estancado en la Asamblea Legislativa.
En ambos casos, el bloqueo ocurrió pese a que el MAS contaba con mayoría parlamentaria, lo que reflejó dificultades internas para consolidar acuerdos en torno a la principal norma económica del país.
El Ejecutivo deberá enviar un presupuesto reformulado
Según el procedimiento vigente, el Órgano Ejecutivo debe remitir un Presupuesto reformulado hasta el mes de febrero, con ajustes que permitan su tratamiento y eventual aprobación por la Asamblea Legislativa.
Mientras ese trámite no se concrete, el PGE 2026 se aplicará en su versión original, tal como fue elaborado y presentado por el Gobierno.
Un nuevo episodio de tensión entre Ejecutivo y Legislativo
La entrada en vigencia automática del Presupuesto marca el inicio de 2026 con un nuevo capítulo de tensiones institucionales entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo.
El manejo del Presupuesto General del Estado, considerado la principal herramienta de planificación fiscal y gasto público, vuelve así a quedar en el centro del debate político y económico del país.
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