
Ante el agravamiento de las inundaciones en el departamento de Santa Cruz, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, activó este domingo la Sala de Crisis y Situación desde la Casa Grande del Pueblo. La instancia, encabezada por el propio mandatario, tiene como finalidad centralizar la toma de decisiones y coordinar la respuesta inmediata del Estado frente a los eventos climáticos que afectan a distintas regiones del país.
La medida se enmarca en un escenario de riesgo elevado por lluvias persistentes y busca fortalecer la capacidad de reacción interinstitucional para proteger a la población y la infraestructura estratégica.
Respuesta estatal articulada desde el Ejecutivo
La Sala de Crisis opera como un centro de mando que reúne a autoridades del nivel central, entre ellas ministros y viceministros, junto con el alto mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. Desde este espacio se definen acciones de prevención, atención y mitigación, con prioridad en las zonas más afectadas por las inundaciones.
El Gobierno señaló que esta articulación permite optimizar recursos y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias de gran magnitud.
Entidades técnicas y autoridades regionales en la toma de decisiones
En las sesiones de coordinación participan también entidades técnicas clave, como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), responsable del monitoreo climático y la emisión de alertas tempranas. Asimismo, intervienen Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), en atención a la protección de servicios estratégicos y áreas vulnerables.
El trabajo conjunto incluye a autoridades subnacionales, entre ellas el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con el fin de asegurar una respuesta coordinada entre el nivel central y los gobiernos regionales.
Seguimiento permanente a riesgos y operaciones en curso
Desde la Sala de Crisis y Situación se realiza un monitoreo continuo de los reportes técnicos, evaluaciones de riesgo y operativos desplegados en territorio. Esta información permite ajustar las acciones estatales conforme evoluciona la emergencia y anticipar posibles escenarios adversos.
El Ejecutivo indicó que la prioridad es resguardar la seguridad de la población afectada y garantizar la operatividad de la infraestructura crítica, mientras persistan las condiciones climáticas adversas.





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