El Juzgado 12° de Instrucción en lo Penal ordenó este viernes la detención preventiva del expresidente Luis Arce Catacora por un periodo de cinco meses. La medida se cumplirá en el penal de San Pedro, en La Paz, mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades vinculadas al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC).
El fallo se emitió tras una audiencia virtual de más de seis horas, en la que el juez determinó que existen indicios de responsabilidad en los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La decisión judicial
Durante la audiencia, el juez precisó que la detención preventiva regirá hasta el 12 de mayo de 2026, fecha en la que se programó una audiencia de revisión. También instruyó que Régimen Penitenciario garantice la seguridad física del exmandatario y habilite un espacio separado de personas sentenciadas.
El magistrado rechazó la solicitud de libertad pura y simple presentada por la defensa, que alegó la condición de adulto mayor. Argumentó que la normativa aplicable protege a personas mayores de 65 años, mientras que Arce tiene 63.
Argumentos de las partes
La Fiscalía fundamentó su pedido en riesgos procesales y solicitó inicialmente tres meses de reclusión en el centro penitenciario de Qalauma. El juez, sin embargo, amplió el periodo a cinco meses y definió la detención en San Pedro.
El abogado defensor expuso que Arce padece una enfermedad oncológica que requiere atención médica permanente y adjuntó certificados clínicos, además de invocar la Ley 369 del Adulto Mayor. Pese a ello, la autoridad judicial consideró que estos elementos no justificaban la liberación.
Posición del expresidente
Durante su intervención, Arce negó cualquier participación irregular en el manejo del FDPPIOYCC y sostuvo que las acusaciones responden a motivaciones políticas. Señaló que se encuentra “absolutamente limpio” y denunció un intento de convertirlo en “chivo expiatorio”.
El caso FDPPIOYCC
La causa está relacionada con el uso de Bs 925 millones aprobados mediante una Resolución Biministerial en noviembre de 2009, cuando Arce ejercía como ministro de Economía. Según la imputación, esa decisión habría derivado en irregularidades detectadas posteriormente en los fondos del FDPPIOYCC entre 2010 y 2011.
El proceso continúa en etapa preliminar y se prevé que en los próximos meses se amplíe la recolección de declaraciones e informes periciales.
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