
La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión en contra de la exdiputada Lidia Paty por su presunta responsabilidad en un perjuicio económico superior a un millón de bolivianos al Fondo Indígena. La medida, basada en la denuncia por los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, fue dictada ante el peligro de fuga y obstrucción identificado en su contra.
El fiscal a cargo del caso, Miguel Cardozo, explicó que la investigación se centra en ocho proyectos destinados a otras tantas comunidades. La documentación adjunta a la denuncia presenta, según la Fiscalía, suficientes elementos de convicción para sustentar la medida coercitiva.
Los hechos y los cargos
La orden de aprehensión, con código 226, fue emitida este jueves. La decisión se tomó luego de que la exautoridad no atendiera una citación previa a declarar, lo que fue considerado por el Ministerio Público como un agravante que refuerza el peligro de fuga.
Los cargos imputados son conducta antieconómica y celebración de contratos lesivos al Estado. Estos están vinculados a la ejecución de recursos públicos del Fondo Indígena, que habrían causado un daño patrimonial al erario nacional.
Detalles de la investigación
Según el fiscal Cardozo, los ocho proyectos investigados presentaban una grave irregularidad. Mientras el avance físico de las obras reportaba solo un 50% de cumplimiento, la ejecución del presupuesto asignado ya había alcanzado el 80%.
La investigación ha establecido, de manera preliminar, que la principal beneficiaria de estos fondos desviados habría sido la propia Lidia Paty. Los documentos respaldan la presunta relación entre su conducta y el perjuicio económico cuantificado.
Situación actual y próximos pasos
La orden de aprehensión ya fue remitida a la Policía Boliviana, institución encargada de localizarla, aprehenderla y conducirla ante el Ministerio Público. Paralelamente, se activó una alerta migratoria a nivel nacional para determinar si la imputada se encuentra aún en el país.
Una vez que sea conducida a dependencias fiscales, el Ministerio Público procederá a emitir la resolución correspondiente para formalizar su situación legal. El caso continúa su curso bajo la dirección del fiscal Miguel Cardozo.



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