
La Fiscalía General del Estado reveló indicios de una estructura criminal que habría desviado diésel subsidiado desde YPFB hacia operaciones de minería ilegal y otras actividades ilícitas, un caso que podría convertirse en uno de los escándalos de corrupción más graves dentro de la empresa estatal de hidrocarburos.
La investigación, dirigida por el fiscal general Roger Mariaca, avanza mediante una serie de operativos coordinados con la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías departamentales. El objetivo: esclarecer irregularidades en procesos penales en los que YPFB figura como denunciante o víctima, y desarticular una organización con presunto alcance nacional.
Operativos y hallazgos iniciales
Las diligencias incluyeron registros simultáneos en el edificio central de YPFB en La Paz y en varias plantas operativas del país. Entre los documentos secuestrados destacan copias legalizadas del contrato Botrading, actualmente en etapa preliminar de indagación.
En Santa Cruz, los operativos se centraron en el proyecto ICA (Incremento de Capacidad de Almacenaje). Allí, seis funcionarios de la estatal fueron arrestados ante sospechas de irregularidades administrativas y financieras. Según la Fiscalía, también se identificaron cobros por encima del precio real del diésel, lo que apunta a un posible esquema de sobreprecios.
Mariaca, citado por red Uno, afirmó que los indicios apuntan al desvío sistemático de diésel subvencionado hacia actividades ilícitas, en particular la minería ilegal, lo que implica un impacto directo para la economía nacional y para la ciudadanía que depende del combustible.
Sobrecostos millonarios y manejo irregular
Una de las revelaciones más llamativas surgió en Oruro, donde un proyecto de ampliación de almacenaje de combustible pasó de un costo inicial de 144 millones de bolivianos a más de 305 millones, más del doble de lo pactado.
Situaciones similares se detectaron en la planta de Senkata, donde los registros de despacho de cisternas no cumplían los parámetros técnicos, lo que refuerza la sospecha de un manejo irregular del carburante y posibles desvíos encubiertos.
Estado de las investigaciones y posibles implicaciones
- Caso Botrading: avanza la fase preliminar, con documentos incautados y ampliación de requerimientos.
- Armin Dorgathen: el caso que involucra al expresidente de YPFB se sigue en Tarija; existe una alerta migratoria activa mientras la Fiscalía espera nuevas resoluciones.
- Operativos en curso: Mariaca anticipó que las diligencias continuarán para identificar a los autores intelectuales y materiales del presunto desvío.
Impacto para la ciudadanía y la economía
Los hallazgos preliminares permiten dimensionar el alcance del presunto daño:
- Pérdida económica para el Estado, con recursos desviados que deberían financiar programas sociales y servicios públicos.
- Distorsión del mercado de combustibles, al desviar diésel subsidiado fuera del circuito legal, lo que afecta disponibilidad y precios.
- Riesgos ambientales y sociales, debido a la conexión con minería ilegal, actividad que suele provocar contaminación y conflictos territoriales.
- Erosión de la confianza pública, al involucrar a una empresa estratégica como YPFB.
Lo que viene
La Fiscalía anunció que las pesquisas continuarán en estrecha coordinación con la nueva administración de YPFB. No se descartan nuevas detenciones, ampliación de imputaciones y procesos para la recuperación de activos si se confirman los indicios de corrupción y desvío de combustibles.
El avance del caso perfila un escenario de fuerte impacto económico y social, y pone nuevamente bajo la lupa la necesidad de mayor transparencia y control en la gestión de los recursos energéticos del país.



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