
El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en su frontera con Chile y desplegará a las Fuerzas Armadas para controlar una eventual oleada de migrantes indocumentados y combatir la criminalidad. La medida, aprobada mediante decreto el viernes, tendrá una vigencia de 60 días en la región de Tacna.
La decisión se toma en previsión de un posible flujo masivo de personas que buscan salir de Chile, ante el escenario electoral que involucra al candidato presidencial José Antonio Kast, quien ha prometido expulsar a migrantes irregulares. El presidente de transición, José Jerí, convocó al Consejo de Ministros para autorizar la intervención militar.
Estado de emergencia en la frontera
El estado de emergencia permitirá que los militares peruanos apoyen a la policía en el control y vigilancia de los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos. Esto se da luego de que la Cancillería peruana alertara sobre «la crisis migratoria que se está gestando» en la zona sur.
Previamente, medios locales reportaron que decenas de migrantes en situación irregular en Chile intentaron ingresar a Perú, pero fueron contenidos por agentes policiales. La tensión en el paso fronterizo escaló rápidamente.
Bloqueos y protestas migratorias
La frustración entre los migrantes llevó a que algunos bloquearan la Carretera Panamericana Sur y el propio paso fronterizo. La protesta generó largas filas de camiones y autobuses en ambos lados de la frontera, interrumpiendo el tránsito habitual.
Los manifestantes explicaron a medios como Canal N que su objetivo es retornar a sus países de origen, argumentando que se han visto forzados a abandonar Chile debido al endurecimiento de las políticas migratorias en ese país.
Justificación de la medida
El presidente Jerí justificó la militarización afirmando el pasado domingo que la inseguridad en Perú se debe, en gran medida, a una desatención histórica de las fronteras. Su administración considera crucial el control estricto de los límites territoriales para garantizar la seguridad nacional.
Con esta acción, Perú busca disuadir el ingreso ilegal y prepararse para un escenario de migración en masa, mientras la situación política y social en Chile influye en el movimiento poblacional hacia el norte.



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