
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por la presunta manipulación del sistema informático de reparto y la posible existencia de un consorcio entre jueces y abogados en la asignación de una causa en Trinidad.
La acción fue interpuesta por la decana del TSJ, en ejercicio de la Presidencia, Rosmery Ruiz, luego de detectarse que una demanda presentada por exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fue derivada directamente a un juzgado sin pasar por el sorteo público obligatorio.
El hecho, conocido esta semana, encendió alertas internas sobre una posible vulneración de la seguridad jurídica en los procesos de distribución de casos.
Alteración del sistema de distribución
Según la denuncia, el sistema informático que administra el reparto de causas habría sido intervenido para evitar el sorteo automatizado. La demanda de los exmagistrados del TCP habría sido enviada de manera directa a un juzgado cuya autoridad mantenía vínculos con los accionantes.
El TSJ sostiene que este procedimiento irregular podría constituir manipulación del sistema de reparto y un acuerdo ilícito entre operadores de justicia, lo que compromete la transparencia e imparcialidad judicial.
Indicios de un consorcio
La denuncia formal también advierte la existencia de indicios sobre un posible consorcio entre funcionarios judiciales y abogados, quienes habrían coordinado la asignación indebida del caso. Para el TSJ, estos hechos representan una “grave afectación a la seguridad jurídica” al poner en duda la neutralidad en la designación de jueces para causas sensibles.
Declaraciones oficiales
La decana del TSJ, en ejercicio de la Presidencia, confirmó la presentación de la denuncia penal y expresó su preocupación por la recurrencia de irregularidades en procesos judiciales.
“Se ha violentado la seguridad jurídica en muchos casos y esperaremos que el Ministerio Público investigue de manera idónea, estableciendo si estos hechos, que a priori hemos denunciado, son verdaderos o no”, afirmó.
La autoridad subrayó que se busca establecer responsabilidades y aplicar las sanciones previstas por la ley en caso de comprobarse la manipulación denunciada.
Investigación en desarrollo
Con esta acción, el TSJ solicita al Ministerio Público una investigación exhaustiva sobre las presuntas anomalías en el sorteo judicial. Dependiendo de los resultados, el proceso podría derivar en sanciones administrativas o penales para los funcionarios involucrados si se confirma la alteración del sistema informático y la existencia de un consorcio ilícito.



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