
El Ministerio de Desarrollo Productivo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía contra el dirigente panificador Rubén Arcelio Ríos Miranda, por su presunta participación en irregularidades detectadas en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). La acción legal se basa en indicios de corrupción que habrían generado un significativo daño económico al Estado.
Acusaciones y delitos denunciados
El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, detalló que las irregularidades incluyen la venta de harina subvencionada de Emapa con beneficios particulares, contratos de arrendamiento de inmuebles a la misma empresa y contratos de prestación de servicios de logística hacia Emapa. Los delitos identificados son enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, tráfico de influencias y contratos lesivos al Estado.
Firme postura contra la corrupción
Serrano afirmó que existe una instrucción clara del ministro Oscar Justiniano y del presidente Rodrigo Paz para denunciar todo acto de corrupción que se encuentre. “Lamentamos que se haya tocado el bolsillo de muchas familias bolivianas para beneficio de unos cuantos”, declaró la autoridad, enfatizando la seriedad de los indicios.
Advertencia ante posibles chantajes
Frente a las amenazas de algunos sectores panificadores de incrementar el precio del pan, el viceministro advirtió sobre la posibilidad de un chantaje que utilice el hambre de los bolivianos para ocultar presuntos actos de corrupción. Reiteró que el gobierno está verificando el costo real de los productos y que no se permitirá que estas herramientas desvíen la atención de los hechos investigados.
Evaluación de la subvención y reunión con Conapabol
Respecto a la harina subvencionada, Serrano señaló que se realiza un análisis detallado para determinar su destino y beneficiarios finales. Confirmó que se invitó a una reunión a la dirigencia de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol) para este jueves, pero aclaró que no se permitirá el ingreso a personas denunciadas o vinculadas con indicios de corrupción.
El Ministerio Público deberá continuar con la investigación de manera independiente y ampliarla a quienes corresponda, según lo establecido en la denuncia presentada.



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