
La magistrada Paola Verónica Prudencio Candia asumió este martes por la noche la presidencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en un acto que marca el fin del periodo de los magistrados que se autoprorrogaron en sus cargos. La elección fue unánime por parte de los cuatro magistrados electos en 2024, quienes restauran la legalidad en el máximo guardián de la Constitución.
Unánime elección y juramento
En una sala plena celebrada este martes, los cuatro nuevos magistrados designaron por unanimidad a Prudencio, electa por el departamento de Oruro, como la nueva presidenta del TCP. El magistrado Ángel Edson Dávalos Rojas fue el encargado de tomarle juramento, calificando el acto como un símbolo de «renovación, restauración y fortalecimiento de la justicia constitucional».
Fin de la «autoprórroga» y restauración institucional
En su primer discurso, la flamante presidenta se refirió directamente a la crisis institucional que atravesaba el Tribunal. Afirmó que «una sombra de incertidumbre, desconfianza y zozobra se ha posado sobre esta institución» y calificó el intento de perpetuarse en el poder como «una de las páginas más oscuras» de la justicia boliviana.
«Esa anomalía, esa ruptura del pacto social termina hoy», declaró Prudencio. «El tiempo de la autoprórroga ha concluido». Enfatizó que, a partir de ese momento, cesan en sus funciones quienes intentaron gobernar el Tribunal con mandatos vencidos, emitiendo resoluciones para «proteger sus propios cargos y amenazar a otros».
Anuncio de medidas inmediatas para el TCP
La nueva presidenta delineó una serie de acciones concretas para sanear la institución:
- Conformación de salas y la comisión de admisión.
- Transmisión pública del sorteo de expedientes y unificación jurisprudencial.
- Reestructuración y convocatoria pública para cargos jurisdiccionales y administrativos.
- Realización de auditorías internas y revisión del presupuesto para aplicar austeridad.
- Levantamiento del cerco de seguridad en las puertas del TCP.
Prudencio aseguró que el Tribunal «ya no será un órgano de persecución, ni velará por intereses subjetivos particulares», sino que retomará su «rol verdadero». Finalmente, comprometió auditar lo actuado anteriormente para «sanear la casa de la justicia constitucional» y reafirmar la supremacía de la Constitución Política del Estado.



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