
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dispuso el cese de mandato de cinco de sus nueve miembros y dos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quienes ejercían desde diciembre de 2023 bajo una prórroga excepcional. La decisión fue emitida mediante el Auto Constitucional 0087/2025-0, fechado el 24 de noviembre en Sucre.
La determinación fija un plazo de diez días hábiles desde la notificación para que los siete magistrados concluyan sus funciones. La medida responde a la nueva composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la que el TCP considera en condiciones de retomar el proceso de preselección para las Elecciones Judiciales.
Fin de una prórroga de casi dos años
La prórroga fue otorgada en diciembre de 2023 mediante la Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 0049/2023. Esta extendía de forma “excepcional y temporal” el mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del TCP debido a la imposibilidad de llevar adelante un proceso de preselección transparente y consensuado en la Asamblea Legislativa.
El TCP señala que, con la renovación legislativa, esa situación ha cambiado. Por ello decidió dimensionar el alcance del punto cuarto de la citada DCP y declarar concluida la ampliación del mandato.
Magistrados alcanzados por el cese
Tribunal Constitucional Plurinacional:
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
René Yván Espada Navía
Isidora Jiménez Castro
Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Karem Lorena Gallardo Sejas
Tribunal Supremo de Justicia:
Ricardo Torres Echalar
Carlos Alberto Egüez Añez
El fallo aclara que todos los actos ejecutados por las autoridades prorrogadas durante este periodo se mantienen “firmes y vigentes”, en resguardo de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Plazo operativo y cierre de causas
El TCP argumenta que el lapso de diez días permitirá a los magistrados atender causas pendientes cuyo vencimiento ocurra dentro de ese periodo. La instrucción fue notificada a las máximas autoridades del Órgano Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral para su cumplimiento.
Contexto constitucional
La Constitución establece un mandato de seis años para las altas autoridades judiciales. Sin embargo, la falta de acuerdos políticos y denuncias de irregularidades en el proceso de preselección de 2023 impidieron la elección de nuevas autoridades, lo que llevó a la prórroga ahora anulada.
Con esta resolución, el TCP devuelve la responsabilidad a la Asamblea Legislativa para relanzar el proceso de preselección y viabilizar finalmente las Elecciones Judiciales.



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