
El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó la creación de un comité interinstitucional que realizará una auditoría integral a la administración de los recursos del Estado durante los últimos 20 años, enfocándose en los aspectos jurídicos y el uso de los fondos públicos.
La auditoría examinará la gestión de los gobiernos que administraron el país durante las últimas dos décadas. El objetivo es recabar información de interés jurídico y generar exámenes detallados sobre cómo se manejaron los recursos de todos los bolivianos.
Enfoque de la investigación
El comité elaborará una lista de «asuntos» priorizando la cuantía, el monto de los proyectos, su impacto, resultados, y el estado de las obras, ya sean concluidas o paralizadas. «Vamos a trabajar de manera conjunta para informar a la ciudadanía qué ha pasado con los recursos de los bolivianos durante todos estos años», afirmó la autoridad.
Esta iniciativa surge en un contexto marcado por la investigación abierta por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre un presunto desvío de fondos de cooperación destinados a proyectos de agua y riego.
Evaluación a entidades públicas
Entre las primeras acciones, el Viceministerio solicitará informes detallados a las unidades de transparencia de todas las entidades públicas sobre su labor en los últimos 20 años. «Vamos a preguntarles qué han hecho, qué han investigado, qué informes han emitido. A partir de ello veremos si esta unidad era de transparencia o de oscuridad», señaló García.
Respecto a investigaciones específicas en curso, como la que involucraba a un hijo del expresidente Luis Arce, el viceministro aseguró que todas continuarán su curso sin interferencias. «Como política institucional nosotros vamos a investigar hechos, no personas», declaró.
Relación con el sistema judicial
García reiteró que, desde el gobierno, se busca restablecer la independencia de poderes. «Se acabó la injerencia. A quién le corresponde administrar justicia es a los jueces, vocales y magistrados. Nosotros estamos para facilitar condiciones administrativas, no para influir en las decisiones jurisdiccionales», enfatizó.
Finalmente, se anunció que se convocará a los colegios de abogados y a entidades de atención a víctimas, garantizando la continuidad de sus servicios y la protección a las personas.



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