
Tras la desarticulación de una red criminal dedicada a la falsificación de documentos en Oruro, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció el inicio de una investigación de alcance nacional. El objetivo es identificar posibles grupos similares operando en otros departamentos del país.
La medida busca proteger la fe pública y la seguridad jurídica, afectadas por la falsificación de documentación vinculada a trámites de Derechos Reales (DDRR). Las primeras indagaciones se concentrarán en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
Gravedad del caso activa alerta judicial
Durante un contacto con medios de comunicación, Baptista detalló la coordinación interinstitucional que permitió el operativo. “Con estos hallazgos y la información brindada por el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, ha logrado detectar una red total de falsificación (…). La gravedad del caso pone en alerta total al sistema judicial”, declaró la autoridad.
El titular del Consejo recordó que fue esa entidad la que presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público de Oruro, lo que derivó en la desarticulación del grupo delictivo.
Tres detenidos y evidencia incautada
Como parte de las investigaciones, tres personas fueron enviadas con detención preventiva a la cárcel. Entre los implicados se encuentra una exfuncionaria de la institución de Derechos Reales, lo que evidenciaría infiltración en la entidad pública.
En los allanamientos realizados, las autoridades lograron decomisar sellos oficiales falsificados, documentos en blanco y equipos informáticos y de impresión utilizados específicamente para las actividades ilícitas.
Procesos penales estrictos y fortalecimiento de controles
Baptista fue enfático al señalar que las personas implicadas enfrentarán consecuencias legales severas. “Exigiremos la aplicación de todo el peso de la ley en contra de estas personas y pediremos la mayor sanción posible”, afirmó.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura reiteró su compromiso de fortalecer los mecanismos de control interno en la emisión de documentos oficiales. El propósito es prevenir la emergencia de nuevas redes de fraude y garantizar la confiabilidad de los trámites legales en todo el territorio nacional.



Sé el primero en dejar un comentario