
El ministro de Justicia, Freddy Vidovic, rechazó los pedidos de renuncia a su cargo y anunció que interpondrá un recurso de revisión extraordinaria de la sentencia ejecutoriada de tres años que pesa en su contra. La medida se produce después de que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señalara el miércoles que dicha condena le impedía ejercer funciones públicas.
A través de sus redes sociales, Vidovic respondió a las presiones para que abandone el equipo del presidente Rodrigo Paz. El ministro calificó el proceso judicial que enfrentó como «político, irregular y violatorio» de sus derechos fundamentales, afirmando que fue «realizada bajo coacción, y amenazas posteriores a un secuestro y tortura».
Fundamentos legales del ministro
Vidovic esgrime varios argumentos legales para defender su permanencia en el cargo. En primer lugar, asegura que nunca fue notificado legalmente con la sentencia condenatoria de tres años por los delitos de favorecimiento a la evasión y cohecho activo. Esta falta de notificación, según él, «vulnera mi derecho a la defensa y al debido proceso».
Además, el ministro se ampara en el Artículo 234 de la Constitución, que establece que una sentencia ejecutoriada no impide el ejercicio de la función pública si la pena no se está cumpliendo. Acusó que se está utilizando una sentencia «viciada de nulidad» para privarlo de sus derechos.
Plazo de la sentencia y cancelación de antecedentes
Otro de sus argumentos se basa en el Código de Procedimiento Penal. Vidovic señaló que el artículo 441 de esta norma permite solicitar la cancelación de antecedentes una vez transcurridos ocho años desde una sentencia condenatoria con suspensión condicional de la pena.
El ministro afirmó que en su caso han pasado más de 10 años, lo que, a su juicio, refuerza su derecho a ejercer sus funciones sin restricciones. Este punto es central en su defensa para legitimar su permanencia en el cargo.
Un conflicto en desarrollo
Con la interposición del recurso de revisión extraordinaria, Vidovic busca que se examinen las circunstancias de su condena. El ministro aseguró que no permitirá que se utilice a la justicia para «perseguir a quienes luchan por la verdad» y defenderá su derecho a seguir en el cargo, trabajando por la «justicia y la transparencia en Bolivia».
Este anuncio profundiza el conflicto político-jurídico entre el Ministerio de Justicia y el Gobierno, marcando un nuevo capítulo en esta controversia pública.



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