
El Consejo de la Magistratura abrió una investigación para esclarecer los hechos alrededor de un fallo constitucional del Beni que involucra al comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, y cuyo presunto incumplimiento ha generado una controversia pública con el vicepresidente del Estado.
La investigación se centra en determinar por qué una sentencia de la Sala Constitucional del Beni, que ordenaba iniciar procesos disciplinarios y penales, no fue ejecutada por el Ministerio Público, según explicó el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista.
Origen del caso: una acción de amparo
El conflicto se remonta a una acción de amparo constitucional interpuesta por el teniente coronel Erick Rodrigo Gálvez Cabrera. El oficial denunció la vulneración de sus derechos tras ser excluido, junto a otros compañeros, de cursos de especialización.
La Sala Constitucional del Beni falló a su favor, concediendo la tutela y ordenando la restitución de sus derechos. La sentencia también disponía que, ante el incumplimiento de esta orden por parte del Comando General de la Policía, se remitieran los antecedentes a las instancias correspondientes para activar un proceso penal y otro disciplinario.
La denuncia pública y la reacción institucional
El miércoles, el vicepresidente Edmundo Lara señaló públicamente que el comandante Russo debía dejar su cargo por incumplir este fallo judicial. Russo, por su parte, rechazó las afirmaciones y descartó tener procesos en su contra.
Frente a estas declaraciones contradictorias, el Consejo de la Magistratura decidió actuar. Baptista aclaró que, en condiciones normales, una resolución de esta naturaleza debe ser cumplida de inmediato. «Si una persona influyó para que no se remita esta resolución constitucional en su debido momento para su ejecución, cometió evidentemente un delito», afirmó.
Indagación en el Beni y próximos pasos
Para esclarecer los hechos, el Consejo de la Magistratura dispuso que su Dirección Distrital en el Beni realice una indagación inmediata. El objetivo es establecer qué ocurrió con el cumplimiento de la sentencia y determinar posibles responsabilidades por la omisión.
Baptista informó que, una vez se reciban los expedientes de este caso y del relacionado con el ministro de Justicia, Freddy Vidovic, se emitirá un informe público. «En caso de determinarse indicios de responsabilidad penal o administrativa, activaremos inmediatamente las acciones correspondientes», concluyó la autoridad judicial.


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