
El Gobierno señaló este lunes que el asesinato de Jhonatan López Rodríguez, hijo de la alcaldesa de San Ramón (Beni), está directamente vinculado a una pugna de poder dentro de estructuras del narcotráfico con nexos en la red del uruguayo Sebastián Marset.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, fue enfático al afirmar que el crimen, ocurrido el domingo por la noche, es resultado de una lucha interna por el control dentro de organizaciones criminales transnacionales.
“Se trata de una toma del poder dentro de estas organizaciones criminales, en las cuales se emplea como mecanismo precisamente la estructura del crimen organizado, y eso es lo que ha acontecido en este asesinato”, explicó la autoridad.
Aguilera reveló que, según las investigaciones, la víctima habría formado parte de la estructura de Marset. “Se entendía que su hijo formaba parte, en aquel momento, de la estructura de Sebastián Marset y que lo estaba precisamente acogiendo en esa localidad”, detalló.
Antecedentes y un ataque previo
La zona de San Ramón ya estaba en la mira de las autoridades. En 2023, un operativo policial permitió incautar armas largas y combustible para avionetas, evidenciando actividades de narcotráfico. Tras esa intervención, la propia alcaldesa Estela Rodríguez presentó una demanda penal al sentirse señalada injustamente, mientras las pesquisas apuntaban a su entorno familiar.
Este no fue el primer atentado contra López Rodríguez. En abril de este año, sobrevivió a un ataque armado en el Cambódromo de Santa Cruz, donde perdió la vida su chofer. En esa oportunidad, la Policía ya manejaba la hipótesis de un ajuste de cuentas por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Según reportes preliminares, el asesinato ocurrió alrededor de las 21:30 del domingo en la plaza principal de San Ramón. Tres hombres encapuchados bajaron de un vehículo oscuro y abrieron fuego contra Jhonatan López, quien en ese momento conversaba con amigos. Esta vez, no logró salvarse.
Investigación y obstáculos judiciales
Ante este hecho, el viceministro Aguilera informó que un equipo especializado se trasladará desde La Paz hasta Beni para apoyar las pesquisas y garantizar resultados.
Sin embargo, la autoridad también denunció obstáculos judiciales que dificultan la lucha contra el crimen organizado en la región. “En el caso de Beni se han pedido allanamientos a inmuebles con una data de un mes, pero no han sido aceptados hasta el momento por el órgano judicial”, afirmó.
A pesar de estos desafíos, Aguilera recordó los éxitos de operativos anteriores en la zona, con el secuestro de al menos cuatro avionetas y detenciones de autores materiales. “Estos delitos no pueden quedar en la impunidad”, aseveró, reafirmando el compromiso del Gobierno de llevar la investigación hasta las últimas consecuencias.


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