
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció este domingo un intento de golpe de Estado en curso. Acusó directamente a la fiscal general, Consuelo Porras, y al juez Fredy Orellana de orquestar una embestida judicial para derrocar a su gobierno. La crisis se desató tras una resolución judicial que busca anular su partido político, Movimiento Semilla.
Acusaciones contra fiscala y juez
Durante una conferencia de prensa con su gabinete completo, Arévalo señaló que Porras intenta perpetuar la impunidad en el poder. Calificó sus acciones como una alianza criminal destinada a corromper las elecciones judiciales de 2026 y enterrar los comicios generales de 2027. El mandatario los nombró como los principales obstáculos en la lucha contra la corrupción.
Base legal de la denuncia
La denuncia presidencial responde a una resolución emitida el viernes por el juez Orellana. El magistrado, a petición del Ministerio Público, ordenó la anulación total del partido Movimiento Semilla. Esta acción busca declarar vacantes los cargos del presidente, la vicepresidenta, 23 diputaciones y una alcaldía, argumentando anomalías en la fundación del partido.
Llamados a la acción internacional y nacional
Arévalo hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que no desvíe su atención de lo que calificó como un golpe de Estado. Solicitó una sesión extraordinaria en Naciones Unidas para exponer las amenazas a la democracia. Internamente, pidió a la Corte Suprema de Justicia la destitución inmediata del juez Orellana.
Antecedentes de los acusados
Tanto la fiscal Consuelo Porras como el juez Fredy Orellana han sido señalados previamente por actos antidemocráticos. Orellana figura en la lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos por corrupción. La Unión Europea también lo ha sancionado. Es conocido por beneficiar a exfuncionarios corruptos y perseguir a exfiscales anticorrupción.
Respuesta del partido de gobierno
Frente a la resolución judicial, la diputada Andrea Reyes del Movimiento Semilla presentó una ejecutoria. Busca que la Corte de Constitucionalidad aplique una resolución de 2023 que garantiza los resultados electorales. Esto impediría al Congreso declarar vacantes los cargos de los funcionarios electos.


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