Un jurado federal del Distrito Sur de Nueva York declaró culpable de forma unánime al excoronel boliviano Maximiliano Dávila Pérez, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), por los cargos de conspiración para traficar cocaína y conspiración para portar armas de fuego. El veredicto, alcanzado por los 12 miembros del jurado, podría acarrear para el exoficial una pena de hasta 10 años de prisión.
La sentencia se dictará el 22 de enero de 2026, tras un proceso en el que la defensa podrá presentar apelaciones a partir del 9 de enero próximo. Dávila, quien fungió como máxima autoridad antidrogas durante el gobierno de Evo Morales y luego como comandante departamental de la Policía de Cochabamba con Luis Arce, fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2024.
Los cargos y la evidencia
Durante la lectura del veredicto, el jurado confirmó individualmente que el gobierno estadounidense probó «más allá de toda duda razonable» que Dávila conspiró para importar al menos cinco kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Asimismo, se le declaró culpable de conspirar para portar metralletas en apoyo a estas operaciones ilícitas.
La investigación, liderada por la DEA, reveló que Dávila aprovechó su alta posición en la Felcn para proteger y facilitar el narcotráfico. Según los documentos judiciales, en julio de 2019 –mientras aún era director de la agencia antidrogas– fue grabado discutiendo un plan para enviar más de una tonelada de cocaína desde Bolivia a Nueva York por vía aérea. En dichas conversaciones, se comprometió a proporcionar oficiales de la Felcn armados con ametralladoras para custodiar los cargamentos.
Una trayectoria manchada por las acusaciones
La caída de Dávila no fue abrupta. Sus antecedentes en Bolivia ya estaban marcados por señalamientos de corrupción. En 2019, el entonces director de la Felcc de Santa Cruz, Gonzalo Medina, lo acusó públicamente de robar droga incautada y lo calificó como un «verdadero narcotraficante».
La justicia estadounidense lo imputó formalmente en septiembre de 2020, y el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura. Tras ser detenido en Bolivia en enero de 2022, Dávila clamó inocencia y acusó al entonces ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, de ser el «arquitecto» de una conspiración en su contra.
Implicaciones y declaraciones contundentes
El caso ha expuesto la infiltración del narcotráfico en las más altas esferas de las fuerzas de seguridad bolivianas. La administradora de la DEA, Anne Milgram, afirmó tras la extradición: «Se suponía que Maximiliano Dávila Pérez lucharía contra el tráfico de drogas, pero en lugar de eso lo alimentó. Convirtió a las fuerzas del orden en una máquina de tráfico de cocaína».
El veredicto no aclara si Dávila involucró a otras exautoridades bolivianas en sus operaciones, un punto que permanece bajo la lupa de las investigaciones en curso. Su condena marca un hito significativo en los esfuerzos internacionales por procesar a funcionarios corruptos que abusan de su poder para favorecer el crimen organizado.
Author: EnfoqueNews
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