
El alcalde de Trinidad, Christian Cámara, lanzó una inédita iniciativa para combatir la venta ilegal de combustible: una recompensa equivalente a un salario mínimo (2.750 bolivianos) para quienes presenten pruebas que lleven a la detención de vendedores clandestinos. El anuncio busca restaurar el orden en el abastecimiento de una necesidad básica que ha generado caos en la región, involucrando directamente a la ciudadanía en la lucha contra el contrabando.
«No vamos a permitir que una necesidad básica se convierta en caos. Trinidad merece orden, y aquí está su Gobierno para garantizarlo», declaró Cámara durante una reunión en el Comando Departamental de la Policía de Beni. El incentivo se dirige específicamente a denuncias de carburantes vendidos a precios inflados, como 20 o 25 bolivianos por litro, con la condición de que las pruebas permitan la aprehensión y remisión al Ministerio Público.
El anuncio surgió de una sesión clave que reunió a autoridades locales y nacionales. Participaron la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Romina Rojas; el jefe policial de Beni, Carlos Roberto Ponce; y los concejales Bettsy Ortiz y Lino Richard Mamani. También asistieron representantes de sectores sociales, productivos y vecinales, quienes respaldaron la medida como un paso hacia la transparencia y el control ciudadano, según un comunicado oficial de la Alcaldía.
Entre los acuerdos alcanzados, se estableció que a partir del lunes 27 de octubre –solo tres días después del anuncio– el municipio, en coordinación con la ANH y la Policía, reforzará el rol de abastecimiento vigente desde hace meses. Esto incluye inspecciones estrictas en surtidores clave como Oasis, Chaparral, Iriarte, Paitití y Pompeya, para detectar irregularidades y garantizar un suministro equitativo.
Sin embargo, persisten interrogantes sobre la implementación. La Alcaldía no ha detallado si existe una ordenanza municipal que respalde legalmente estos pagos, ni la fuente de los fondos para cubrir las recompensas. Tampoco se ha anunciado una fecha precisa para el inicio del programa, lo que genera dudas sobre su viabilidad inmediata.
Para los trinitarios, esta medida representa una oportunidad de participación activa en la solución de un problema que afecta el bolsillo y la movilidad diaria, en un contexto de escasez crónica de combustible. Al fomentar denuncias ciudadanas, el anuncio podría desmantelar redes de contrabando, pero su éxito dependerá de la coordinación interinstitucional y la protección a los denunciantes. La ciudadanía espera que estas acciones traduzcan en un alivio tangible al desabastecimiento que ha marcado la vida en Beni.


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