
Los primeros diez días del gobierno del presidente José Jerí han estado marcados por una escalada de violencia que ha resultado en 54 muertes violentas, según datos oficiales, incluyendo la de un manifestante durante las primeras protestas contra su gestión. Esta cifra refuerza la grave crisis de inseguridad que arrastra el país y pone a prueba desde el inicio las polémicas medidas de su administración.
Cifras que alarman
De acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), entre el 10 y el 21 de octubre se registraron 54 homicidios, lo que equivale a uno cada casi cuatro horas. Las regiones de Lima, con 22 casos, y La Libertad, con una decena, son las más afectadas. Estos crímenes forman parte de los 1,798 homicidios contabilizados en lo que va del año, heredados de la cuestionada gestión de Dina Boluarte, cuya salida se aceleró tras su ineficacia para combatir el crimen y un tiroteo masivo en un concierto.
Estado de emergencia y primera víctima política
Como su primera medida, Jerí decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, una estrategia que ya había fallado bajo su predecesora. Sin embargo, la medida no impidió el asesinato de un policía durante sus primeras horas de vigencia y no ha logrado contener el aumento de homicidios y extorsiones, especialmente contra transportistas.
A los cinco días de asumir el cargo, Jerí enfrentó su primera protesta masiva, liderada por estudiantes y jóvenes. La movilización terminó con decenas de heridos y la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, quien, según la autopsia, falleció por un disparo del agente Luis Magallanes, quien vestía de civil. Este hecho coloca a Jerí en la lista de presidentes peruanos con fallecidos en protestas contra su gobierno.
Controversia y desafíos
La respuesta de las autoridades ha generado una aguda controversia. Mientras el primer ministro, Vicente Tiburcio, restó importancia política al fallecimiento de Ruiz, la Policía, tras asumir inicialmente la responsabilidad, ha terminado por calificar al agente involucrado como un «héroe» que actuó en «legítima defensa», una versión que contradice las grabaciones del incidente.
Colectivos sociales y la oposición denuncian que el estado de emergencia, que incluye la presencia militar en las calles, no ataca las raíces del crimen organizado —como las redes de extorsión que operan por redes sociales— y que su verdadero objetivo es restringir el derecho a la protesta.
Con estas sombrías estadísticas y un conflicto social latente, el gobierno de Jerí se enfrenta a una presión inmediata para demostrar eficacia en un país donde la seguridad se ha convertido en la principal demanda ciudadana.


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