El director ejecutivo nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Eddy Álvaro Antezana, fue imputado formalmente por el delito de uso indebido de influencias, relacionado con la concesión de un yacimiento minero en la comunidad de Chillata, municipio de Yanacachi, en los Yungas de La Paz. El hecho ocurre apenas cinco días después de que Antezana asumiera el cargo.
La autoridad ministerial, el fiscal Omar Mejillones, confirmó la imputación y anunció que este viernes se llevará a cabo una audiencia de medidas cautelares para definir la situación legal del funcionario. Mejillones adelantó que solicitará la detención domiciliaria sin salida laboral, arraigo, la firma periódica en la Fiscalía y la presentación de garantes solventes para Antezana.
Origen de la denuncia
El proceso penal se inició a raíz de una denuncia interpuesta por pobladores de la comunidad Chillata. Según la acusación, el director de la AJAM habría dado curso a un trámite para favorecer a un grupo de comunarios en la solicitud de concesiones mineras, buscando dejar sin efecto una resolución administrativa anterior que otorgaba los derechos sobre el yacimiento a la hija del anterior propietario, quien falleció.
Los hechos imputados
De acuerdo con las investigaciones fiscales, Antezana habría actuado de manera irregular al aceptar un nuevo trámite de concesión, a pesar de existir una resolución administrativa previa que había tramitado la extinción del derecho por fallecimiento del titular original.
“Existiendo ya una resolución donde se ha tramitado ya la extinción por muerte, (Antezana) había aceptado otro (trámite) y, a través de este proceso, hubiera dejado sin efecto y habría anulado la resolución administrativa que otorgaba al anterior propietario la concesión minera”, explicó el fiscal Mejillones.
Próximos pasos legales
La audiencia de medidas cautelares, programada para este viernes, será crucial para determinar las restricciones que se impondrán al director de la AJAM mientras avanza el proceso en su contra. La Fiscalía sostiene que las medidas solicitadas son necesarias para garantizar la presencia del imputado en todas las etapas de la investigación.
El caso ha generado expectativa por la reciente designación de Antezana al frente de la autoridad minera y por las implicaciones que podrían tener estos hechos en la gestión de las concesiones del sector.
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