

Las máximas autoridades del Órgano Judicial ratificaron este miércoles su respaldo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, en su acción para desvincular a cinco magistrados «autoprorrogados» del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Frente a las suspicacias generadas, negaron categóricamente que esta medida busque afectar la realización del inminente balotaje electoral.
La decana del TSJ, Rosmery Ruiz, fue enfática al aclarar que el proceso no pone en riesgo los comicios. «Queremos decir al pueblo de Bolivia que no se han puesto en riesgo las elecciones de segunda vuelta», afirmó, explicando que la administración electoral es competencia exclusiva del Órgano Electoral y no del TCP.
Sustento institucional de la medida
Durante la conferencia de prensa, los representantes judiciales insistieron en que las acciones emprendidas responden a una posición institucional y no personal. Manuel Baptista, presidente del Consejo de la Magistratura, aclaró que el problema reside en que el mandato de los cinco magistrados venció en 2023.
Baptista señaló que, de no producirse las renuncias voluntarias, se procederá con la denuncia por usurpación de funciones presentada por Saucedo ante la Fiscalía, comprometiéndose a resguardar al juez que lleve el caso.
Preservación de la seguridad jurídica
Desde el Órgano Judicial se argumenta que la llamada «autoprórroga» de los magistrados vulnera el orden constitucional. Cristian Méndez, presidente del Tribunal Agroambiental, calificó el acto como «un quiebre del sistema constitucional y el desconocimiento de la soberanía democrática».
Méndez subrayó la necesidad de «reencauzar y garantizar la seguridad jurídica» en medio de lo que describió como una crisis institucional y moral en el país. Además, Ruiz recalcó que el TCP no queda descabezado, ya que cuenta con cuatro magistrados en funciones que pueden continuar administrando justicia constitucional.
Los implicados y antecedentes
Los cinco magistrados identificados como «autoprorrogados» son Gonzalo Miguel Hurtado, René Yvan Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo. Estas figuras han sido objeto de críticas no solo por extender su mandato, sino también por decisiones polémicas, como la suspensión parcial de elecciones judiciales y su actuación en casos de alta sensibilidad política.
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