Más allá del manejo politizado de la justicia, Bolivia ha llegado al punto en el que ahora se encuentra —en una crisis económica de difícil desaparición— debido a un estado de ilegalidad provocado por la vigencia de por lo menos tres mafias.
El Diccionario de la Real Academia Española señala que, en sentido despectivo, “mafia” es un “grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos”; así que, para calificar a uno como tal, ni siquiera es necesario que medie la comisión de delitos. Lamentablemente, en el caso de nuestro país, hace mucho que esos grupos han rebasado los límites de la legalidad.
La primera mafia es la del narcotráfico, instalada en el Chapare desde momentos que nadie se ocupó en registrar, y que ha ganado tal poder que se ha posicionado cómodamente en la política nacional. No es necesario abundar en detalles respecto a este grupo, que es ampliamente conocido por la opinión pública nacional, pero basta con apuntar que en los últimos años se ha extendido hasta regiones como el norte potosino y ha diversificado su actividad con el comercio de autos “chutos” o indocumentados.
La segunda es la mafia avasalladora, que surgió —o por lo menos se elevó con fuerza— durante el dilatado gobierno de Evo Morales. Aunque su tamaño es, por lo pronto, pequeño en relación con las otras mafias, es preciso señalar que ya han rebasado las tres centenas de predios ocupados ilegalmente, por la fuerza, con la seguridad de que las fuerzas de seguridad del Estado no harán nada en contra de ella. Actúa mayoritariamente en el oriente boliviano, con particular énfasis en Guarayos, Santa Cruz.
Finalmente, la tercera de las tres grandes mafias notables de Bolivia es la cooperativista. Esta nació en regiones mineras como Potosí y aprovechó el tiempo de las bajas cotizaciones para lograr que se aprobara una normativa excesivamente favorable para su sector. Son privados, pero no pagan impuestos igual que los demás: pagan el 3 por ciento por la explotación de minerales, cuando en tiempos de la colonia española el impuesto era el 20 por ciento. Debido a los beneficios que reciben, se multiplican como hongos bajo la lluvia, y su ilegalidad consiste en que no acatan la normativa ambiental. En Potosí, explotan ilegalmente la cúspide del Cerro Rico, al que están hundiendo, y en otras regiones han surgido los auríferos, que son los que más daños causan al medio ambiente por el uso de mercurio y otros tóxicos.
Estas mafias, a las que podemos sumar otras menos notorias como las de tratantes de blancas o lavadores de dinero, han prosperado debido a que, desde los primeros años del régimen evista, actúan con total impunidad, porque los altos mandos del Ejército y la Policía han sido advertidos de que no deben actuar contra ellas. La primera tarea del nuevo gobierno tendría que ser revertir esa orden e instruir que se comience a hacer respetar la ley de una vez. Si se mantiene este estado de cosas, sabremos que los siguientes gobernantes pactaron con las mafias.
Juan José Toro Montoya es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Author: Juan José Toro Montoya
Sobre el autor
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